El pasado 28 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la eliminación de dos de los tres componentes de ampliación de jornada escolar y de servicio de alimentación.
En 2021, el Programa la Escuela es Nuestra, incluyó los recursos para ejecutar los objetivos del Programa Escuelas de Tiempo Completo vigente desde 2007 y así no solamente dar continuidad con la ampliación de la jornada escolar, sino también con los servicios de alimentación provistos en las escuelas de educación básica participantes en todo el país.
Por esa razón, el Programa la Escuela es Nuestra contaba en 2021 con tres componentes: infraestructura y equipamiento; ampliación de la jornada escolar y servicio de alimentación, mismos que obtuvieron una valoración positiva por parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) y UNICEF.
Sin embargo, con la publicación de las Reglas de Operación del Programa la Escuela es Nuestra para el ejercicio fiscal 2022, hecha el pasado 28 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, se dio a conocer la eliminación de dos de los tres componentes de ampliación de jornada escolar y de servicio de alimentación antes referidos.
La eliminación de ambos componentes programáticos implica un impacto negativo en la nutrición, equilibrio emocional, desarrollo de habilidades de sociabilidad y convivencia necesarias para el aprendizaje, de 1.6 millones de niñas, niños y adolescentes en todas las entidades federativas del país.
Es importante señalar que, con motivo de la pandemia por COVID-19, ya se habían registrado afectaciones a ese grupo de atención prioritaria en situación de precariedad por no poder acceder a los servicios escolares y de alimentación. Sin embargo, con la cancelación de ambos componentes del Programa, los efectos adversos se extenderán inevitablemente al contexto ordinario y no sólo al extraordinario que representó la emergencia sanitaria.
Algunos de los riesgos que se advierten con la cancelación mencionada se relacionan con la deserción escolar, la prevalencia de embarazo adolescente y el incremento de la participación de niñas, niños y adolescentes en tareas no remuneradas de cuidado y trabajo informal, en perjuicio de su derecho a la educación y desarrollo.
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) manifestó su preocupación por esta medida y sus consecuencias, pues considera que son opuestos al principio del Interés Superior de la Niñez como consideración primordial. Esta decisión es también contraria al principio de progresividad, pues significa una regresión en la calidad y accesibilidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aunado a lo anterior, existe afectación adicional en las actividades de cuidado y laborales en especial de las madres trabajadoras.
Por lo anterior, los Organismos que integran la Federación hacen un llamado urgente a implementar medidas para evitar tales impactos, así como a continuar con la cobertura nacional de la jornada escolar y los servicios de alimentación para población precarizada.
De igual forma, urge al Estado a cumplir con su obligación de disponer de los recursos necesarios para la protección de niñas, niños y adolescentes, conforme al mandato Constitucional que incluye el contenido del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus directrices.
En ese sentido, la FMOPDH exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a las autoridades estatales de educación y a la Comisión Intersectorial para el Regreso a Clases Presenciales ―que incorpora a las Secretarías federales de Salud y Trabajo, así como al Sistema Nacional DIF― a trabajar para plantear y ejecutar alternativas que impidan perder la posibilidad de fortalecer la alimentación y el aprovechamiento académico y de inclusión social de niñas, niños y adolescentes.
Finalmente, quienes integran la FMOPDH reiteran su disposición a participar en este proceso mediante la colaboración técnica y el vínculo con comunidades y aliados, para la construcción de alternativas eficaces desde un enfoque diferencial e interseccional de los derechos humanos.
«Estamos convencidos de que puede darse un nuevo marco, sólido y ajustado, a las necesidades del presente que permita la continuidad en apego a los principios de interés superior, supervivencia, desarrollo, progresividad y participación plasmados en la Convención sobre los Derechos del Niño», destacaron.
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos:
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
• Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
• Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
• Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos
• Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León
• Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
• Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro
• Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora
• Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
• Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán
• Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.
