Es un delito que daña principalmente a personas de la tercera edad. El Punto de Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso de CDMX.
Con el fin de acordar mejores instrumentos y acciones para combatir el delito de despojo de inmuebles– que creció en la capital un 16.6% en 2021 y motivó solo en los primeros diez meses de ese año la apertura de tres mil 557 indagatorias–, el diputado del PRI Carlos Fernández Tinoco propuso, y el Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, la realización de una mesa de trabajo en la que participen autoridades del gobierno capitalino, el Colegio de Notarios y legisladores locales.
“En los últimos años, habitantes de esta ciudad han perdido su felicidad, al ver cómo su patrimonio -producto de toda una vida de trabajo- pasa a manos de personas sin escrúpulos, donde las víctimas principales son los adultos mayores”, describió el legislador priista al proponer un Punto de Acuerdo que aprobó de manera unánime el Congreso de la Cuidad de México.
En el documento, el también presidente de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso capitalino, precisó que las alcaldías que encabezan la incidencia en el delito del despojo son Iztapalapa con 548 carpetas de investigación, Cuauhtémoc con 420 y Gustavo A. Madero con 391. Lamentablemente, enfatizó, el año pasado, cuatro personas fueron asesinadas por resistirse a ceder sus predios.
En febrero pasado, citó Fernández Tinoco, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, envió al congreso capitalino el Plan de Política Criminal y el Programa de Persecución Penal, en el que reconoce que “en la comisión del delito de despojo, se ha determinado que se presenta en diversas modalidades de ejecución, en su mayoría, por grupos delictivos que han encontrado en esta actividad una forma de vida que les reditúa ganancias económicas considerables”, actuando reiteradamente contra personas mayores de edad.
De acuerdo con la Fiscalía, los principales medios de comisión y/o conductas delictivas asociadas son la simulación de compraventa, la dación en pago, la usurpación de identidad, simulación de juicios derivados de “fraudes procesales”, falsificación de instrumentos notariales, falsificación de contratos privados e inscripciones registrales de legitimidad dudosa, así como aquellos ocasionados por conflictos familiares como juicios sucesorios, intestados y separaciones o disoluciones conyugales, sobre viviendas abandonadas, principalmente en unidades habitacionales.
En el mismo documento, la Fiscalía define como uno de sus objetivos realizar la investigación de las conductas delictivas no como hechos aislados, sino como el resultado de la planeación por bandas delictivas, es decir, como fenómeno criminal.
En este marco y por lo que hace a las conductas identificadas en la comisión de este ilícito por la Fiscalía, se mencionan: el robo de identidad qué consiste en suplantar ante notario, la identidad de propietario, así como la duplicidad de folios reales con la creación de un folio paralelo al original.
Inclusive se presume complicidad de personal del registro público de la propiedad y del comercio.
Frente a esta situación, el legislador propuso en el Punto de Acuerdo aprobado, realizar mesas de trabajo en las que participen la Fiscalía General de Justicia, la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra del Congreso capitalino, el Colegio de Notarios y el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, de tal manera que el fenómeno de despojo se aborde de una manera integral.
Sobre el particular, el diputado enfatizó que es necesario devolver la confianza a la ciudadanía en sus instituciones; despejar de toda duda que empañe la certeza jurídica y protección del patrimonio de las y los capitalinos, corrigiendo lo que haya que corregir y emprender las acciones legales a que haya lugar; pero, sobre todo, privilegiando la prevención e identificar áreas sensibles de riesgo y susceptibles de que se cometan posibles ilícitos.
En la foto: Diputado Carlos Fernández Tinoco
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