Esta realidad se evidenció, entre otros, en noviembre de 2021, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) visitó México.
Por: Stephanie Brewer / WOLA
Desde hace años, familiares de personas desaparecidas —lideradas especialmente por mujeres— recorren a diario las calles y los campos del país en búsqueda de las decenas de miles de personas que han sido desaparecidas a manos de particulares, de agentes del Estado o de personas que actúan en colusión con las autoridades.
Las familias acuden a una institución tras otra y hasta realizan investigaciones propias para rastrear y buscar en vida a sus seres queridos, destinando tiempo y recursos a una búsqueda que puede ser tan peligrosa como difícil y desgastante.
Agrupadas en los muchos colectivos que han surgido a lo largo del país, las familias han liderado también la búsqueda forense. Trabajando con pico y pala, han descubierto fosas clandestinas y sitios de exterminio, enfrentando riesgos, carencias y condiciones extremas. Agrupaciones de familias centroamericanas han llegado para buscar a sus familiares migrantes desaparecidas y desaparecidos en territorio mexicano.
Las desapariciones generan impactos continuos en las familias, quienes viven tanto el dolor de la ausencia como la incertidumbre de la suerte de la persona que fue desaparecida. Buscando poner fin a este ciclo de violencia y ruptura de proyectos de vida, las familias y colectivos, además de salir a buscar, no han dejado de exigir que el Estado mexicano brinde verdad, justicia y no repetición en estos crímenes.
Sus exigencias y participación han llevado en los últimos años a la adopción de importantes normas y a la creación de instituciones para enfrentar la desaparición.
A pesar de los avances logrados, incluyendo cientos de hallazgos e identificaciones, hoy la ausencia de 100 mil personas —cifra que aumenta día a día— sigue impactando de manera devastadora en la sociedad mexicana.
Esta realidad se evidenció, entre otros, en noviembre de 2021, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Comité CED) visitó México.
El Comité recorrió 13 de las 32 entidades federativas de México (Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz), sosteniendo 48 reuniones con más de 80 autoridades y 33 reuniones con cientos de víctimas y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
A partir de la información recibida, el Comité constató que “se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio del Estado, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde el 2015, ‘[imperan] la impunidad y la revictimización’”.
*WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
