Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se creó la Guardia Nacional como estrategia para frenar la violencia, pero solo ha aumentado la violencia ya existente en el territorio mexicano.
Un llamado urgente al Gobierno federal y Gobiernos estatales y municipales, hace la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a hacer frente al aumento de la violencia a causa de grupos armados, quienes violan los derechos humanos.
El crecimiento de grupos armados en todo el país atenta contra los derechos humanos. Entre 2009 y 2020, se ha contabilizado al menos 543 grupos ligados directamente al aumento de la tasa de homicidios en las zonas más susceptibles a la violencia.
De acuerdo con el Inegi, en 2020, los asesinatos llegaron a 36.773. Y durante el año 2022, según las cifras de homicidios de la Secretaría de Gobernación, se ha matado a un ritmo de 112 personas al día ; el año pasado, a 120; y, durante la pandemia, a 118. El 30% homicidios se concentran en tres entidades: Guanajuato, Estado de México y Michoacán.
Ante estas alarmantes cifras, la CIDHPDA exhorta al gobierno a crear programas que busquen disminuir la violencia, brindar mayor apoyo estatal y federal para fomentar una mayor protección de la población civil, cortar vínculos entre funcionarios estatales y grupos criminales, así como una mayor cooperación internacional para impedir que los grupos armados dispongan de armamento y financiación.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se creó la Guardia Nacional, como estrategia para frenar la violencia, pero que solo ha aumentado la violencia ya existente dentro del territorio mexicano.
Y ante tal cantidad de inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no cambiará la estrategia, y la seguridad del país sigue siendo la gran deuda.
Por lo que, considera el organismo, es necesario a través del Congreso de la Unión, la creación de legislaciones que obliguen al Ejecutivo Federal a realizar acciones para reestructurar el tejido social, que ayuden a fortalecer un trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno.
El Gobierno de la 4T no debe ser omiso e indiferente ante tantos conflictos en el territorio nacional, ya que este tipo de hechos limitan la inversión nacional y extranjera, generando desplazamientos forzados y violaciones flagrantes a los derechos humanos.
No podemos dejar pasar que los niños, niñas y adolescentes se vayan de sus hogares y que esto restrinja su verdadero desarrollo, así como poder detener las altas tasas de personas desaparecidas y feminicidios. Exigimos al actual Gobierno que actúe y proteja a la población más vulnerable, concluyó.
Foto: Cortesía CIDHPDA
