Al menos 206 presos políticos desde 2018, víctimas de trato cruel e inhumano. El sistema judicial de es un instrumento de represión al servicio del régimen.
El Parlamento Europeo (PE) condenó “en los términos más enérgicos” la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua y reclamó su inmediata liberación.
En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, el PE instó al régimen nicaragüense a restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias.
Los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Rolando Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria deben ser anulados, señalan los eurodiputados.
En su sexta resolución en lo que va de legislatura sobre Nicaragua, el Parlamento lamenta “el continuo deterioro de la situación y la escalada de la represión contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas y las detenciones arbitrarias «únicamente por ejercer sus libertades fundamentales”.
El sistema judicial nicaragüense carece de independencia, subrayan los eurodiputados, y es utilizado como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
El Parlamento muestra preocupación por la situación de los más de 206 presos políticos detenidos desde abril de 2018 y denuncia el trato cruel e inhumano del que son víctimas.
Los eurodiputados también denuncian el cierre arbitrario de ONG y la persecución de los partidos de la oposición y reiteran su llamamiento a las autoridades de Nicaragua para que deroguen la legislación aprobada desde 2018 que restringe indebidamente el espacio cívico y democrático.
Según el Parlamento, la situación justifica que la ONU inicie una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
Por su parte, la Unión Europea (UE) debe extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano del presidente Ortega, entre otros.
Los eurodiputados insisten, por último, en reclamar la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
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