Han faltado recursos, experiencia, comunicación y coordinación, afirma Alejandro Anaya.
“La incontrolable ola de asesinatos, agresiones y en general violaciones a los derechos humanos de las personas dedicadas al periodismo en México, puede ser, al menos en parte, resultado de un problema de falta de capacidad institucional del Estado para protegerlas”, estima el doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
En su artículo Las capacidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, publicado en el número 80 de la revista IBERO, asegura que este problema empeoró en los últimos años, pero ya desde 2008 se había convertido en tema central de órganos internacionales y organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
En 2012 se adoptó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual dio paso al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual mandata la adopción de medidas de prevención y protección para garantizar “la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo”.
De acuerdo con el Vicerrector, la capacidad del Estado y sus instituciones para alcanzar objetivos en cualquier área de la política pública depende de los recursos burocráticos-organizacionales, es decir, en los recursos presupuestales que se destinen; la penetración social de las agencias del Estado y la calidad del contacto o interacción de la burocracia con la sociedad; la competencia técnica y la expertise de la burocracia; y la comunicación y coordinación entre distintos órganos y agencias del Estado.
En el caso del Mecanismo, apunta el doctor Anaya, no ha contado con los puntos anteriores: ni con los recursos ni con la presencia satisfactoria en los lugares donde suceden las agresiones; tampoco se ha podido tener una interacción de calidad con las personas en necesidad de protección ni con una plantilla de expertos, y la coordinación y colaboración entre órganos no son las óptimas.
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Foto: Archivo (Ilustrativa)
