Rechaza el uso indiscriminado del programa Pegasus, u otro similar, contra periodistas, defensores de derechos humanos y al pueblo en general.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) manifestó su preocupación ante el reciente hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
Las prácticas de espionaje por parte del personal militar representan un atentado contra la democracia, por lo que la CIDHPDA rechaza el uso indiscriminado del programa Pegasus, u otro similar, contra periodistas, defensores de derechos humanos y al pueblo en general, destacó el organismo.
“Se exhorta a la SEDENA a cuidar sus labores de inteligencia para no vulnerar los derechos humanos de la población. También, se solicita a esta dependencia y al poder ejecutivo a no demorar la atención de las demandas de información que buscan transparencia en las acciones del Ejército”, resaltó.
Entre muchos de los cuestionamientos que se desprenden de este hecho, hay dos puntos que se deben tratar con urgencia; por un lado, la intromisión a los sistemas de cómputo de la SEDENA, que demostró que no están lo suficientemente protegidos y, por otro, las filtraciones dieron a conocer que el Ejército sigue utilizando el software de espionaje Pegasus para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos, indicó el organismo.
El jueves 29 de septiembre, el periodista Carlos Loret de Mola informó que el Ejército fue objeto de un ataque cibernético. Los perpetradores forman parte de un grupo internacional de hackers autodenominados “Guacamaya”, quienes robaron 6 terabytes de información que incluían tarjetas informativas, cartas, datos precisos sobre presuntos criminales, videos (muchos de ellos catalogados como confidenciales), compras, auditorías, contactos telefónicos, agendas de altos funcionarios, etc.
El 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina, confirmó los ataques a las bases de datos del Ejército: “Es cierto, hubo un ataque cibernético, así le llaman al robo de información. Mediante estos mecanismos modernos extraen archivos. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo, en el de la cibernética.” Esta última frase sugiere que no se está haciendo una buena labor de investigación en este tipo de delitos.
El experto y asesor internacional en ciberseguridad por la Universidad de Washington DC, Israel Reyes, asegura que en México hay muy buenos hackers y trabajan en conjunto con otros de manera internacional por medio de las redes oscuras (dark web).
Afirma que el golpe se dio con la intención de hacer daño, de crear un caos político e inestabilidad social. Para el experto, lo preocupante no es lo que ya pasó sino lo que puede pasar más adelante.
Siendo que, desde hace meses advirtió el riesgo de un ciberataque a la SEDENA, teniendo como antecedentes el hackeo al Banco de México y a PEMEX, Reyes ve la posibilidad de que haya más instituciones de gobierno con hackers infiltrados. De hecho, infiere que el ataque a la base de datos de la SEDENA pudo cometerse desde dentro, pues sólo alguien que conoce el ámbito político nacional puede tener el conocimiento suficiente para lograr una invasión de esa magnitud.
El profesor Israel Reyes, ha sido insistente en señalar la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en México para evitar problemas mayores como lo que sucedió en Costa Rica en abril de este año, cuando un grupo de hackers puso al país en estado de emergencia al secuestrar el sistema de recaudación fiscal. Queda claro que no sólo las dependencias del gobierno están vulnerables a estos ataques, la sociedad civil también puede verse afectada, dado que un gran número de gente recurre al internet para hacer todo tipo de trámites y movimientos financieros, advirtió.
De ahí la importancia que el poder ejecutivo y los legisladores comiencen a trabajar en un marco jurídico y una Agencia Nacional de Ciberseguridad, como lo propone el experto, para proteger el interés social de la población mexicana. Si no se atiende con prontitud el problema, la democracia del país quedará sumamente vulnerable ante la delincuencia cibernética.
Queda pendiente determinar las verdaderas intenciones del grupo de hacktivistas “Guacamaya”, así como verificar la autenticidad de los documentos filtrados, sin embargo, no se puede pasar por alto la exposición de los supuestos contratos que la SEDENA tiene con la red de empresas que vendió el programa de espionaje Pegasus.
Según la investigación del periodista Sebastián Barragán, la SEDENA incumplió la orden dada por el presidente para hacer públicos todos los contratos relacionados con las empresas que vendieron el software de espionaje Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El malware Pegasus tiene como propósito el perseguir al terrorismo y a criminales, no obstante, en el marco de la investigación “Ejército Espía”, se detectó que desde 2017 se ha usado para atacar a defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, políticos de oposición y ciudadanos sin historial criminal.
Asegura Barragán que la SEDENA ocultó los contratos con Comercializadora Antsua, compañía que vende el malware de NSO Group, el cual se ha utilizado en el actual gobierno para espiar a 2 periodistas y a un defensor de derechos humanos.
Los periodistas agraviados son Raymundo Ramos y Ricardo Raphael, más una tercera persona periodista que labora para Animal Político quien prefirió mantener el anonimato. Lo que une a estos periodistas es que, previo a los ataques, realizaban investigaciones sobre presuntos crímenes contra los derechos humanos cometidos por el Ejército.
Por su lado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) condenó en sus redes sociales que el ejército vigile a los defensores y organizaciones defensoras de derechos humanos. De igual forma, esta organización mostró su inconformidad por haber sido catalogada como un “grupo de presión”.
Ante las quejas de los periodistas ya mencionados, la SEDENA emitió un comunicado el 4 de octubre, en el cual explican que no utilizan su tecnología para el espionaje sino para actividades de inteligencia acorde a las facultades que les concede el Estado. Posteriormente, durante la conferencia matutina, se argumentó que no existen elementos que comprueben las denuncias de que dicha dependencia sea quien se encargue de la vigilancia a periodistas y activistas.
Foto: InfoChannel / Cortesía CIDHPDA
