Más de 500 vecinos han sido requeridos para que acrediten la propiedad de sus predios, sin que se les haya informado el porqué de los requerimientos.
La diputada del PRI, Lourdes González Hernández, solicitó, y el Congreso de la Ciudad de México aprobó, exhortar a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), y de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, a que se conduzcan con estricto respeto a los derechos humanos, así como a los principios de legalidad, certeza y debido proceso, en las acciones que realizan derivadas de una carpeta de investigación en la zona de Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.
La legisladora del partido tricolor presentó el Punto de Acuerdo en el que explicó que vecinos, propietarios e inversionistas en Santa Fe, han mostrado una inconformidad derivada de notificaciones que se han realizado por parte de la FGR, otorgando un plazo para que acrediten la propiedad de los inmuebles y asegurando los mismos, a través de la colocación de sellos correspondientes.
Lo anterior, añadió, derivado de una denuncia anónima, por la cual se pretende encontrar a un grupo de personas que se apoderaron de manera irregular de los terrenos en la zona de Santa Fe. Dijo que los propietarios, poseedores e inversionistas en la zona de Santa Fe, han acudido a las diversas autoridades con el fin de pedir se respeten sus derechos y las garantías para resguardarlos.
González Hernández precisó que hace algunos días comenzaron a llegar a vecinos sendos citatorios que adolecen de varios requisitos. De entre ellos, citó que no se señala delito o probable delito que se le está imputando a la persona. Inclusive, en algunos casos no trae el nombre del destinatario, sino que se dirige “a la persona propietaria, poseedora u ocupante”, lo que implica una falta de certeza jurídica.
Tampoco, subrayó, se señala en calidad de qué se está citando a la persona “indefinida”: como testigo, probable responsable, imputado u otro. Además, sin mayor explicación, se solicita se presenten documentos personalísimos y advierten que en caso de no presentarse serán sancionados con una multa.
La representante popular refirió que, en declaraciones a periodistas, Miguel Leyva Medina ha señalado que “se presentó una denuncia en contra de dos personas relacionada con delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de personas y de armas”, y que es así como nace la competencia de la Unidad Especializada citada.
La diputada cuestionó el porqué, si existe una denuncia en contra de dos personas de manera específica, se tuvo que notificar a más de 500 vecinos y vecinas requiriendo la acreditación de la propiedad de los predios, situación que constituye una incongruencia.
Advirtió que los actos indebidamente fundados y motivados realizados por las autoridades mencionadas, están comenzando a generar un conflicto social grave en los vecinos de la franja notificada, en sus familias, y también, en los vecinos de las colonias populares aledañas.
Por ello pidió que las autoridades se conduzcan con estricto respeto a los derechos humanos, así como a los principios de legalidad, certeza y debido proceso.
El Punto de Acuerdo fue aprobado por el Pleno del Congreso.
En la foto: Diputada Lourdes González Hernández
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