Esta estrategia se ha adoptado con éxito en naciones como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Holanda.
La diputada del PRI, Lourdes González Hernández, propuso la implementación del modelo de Cinturones Verdes en la capital, como una política pública en materia ambiental y de planeación, así como una alternativa para contribuir a detener la expansión de la mancha urbana en suelos de conservación o áreas con riqueza en biodiversidad forestal.
En las zonas de Cinturones Verdes, por ningún motivo se permitirá el establecimiento de nuevos asentamientos humanos, usos habitacionales, comerciales o de algún otro tipo o clasificación que pongan en riesgo a la población, ecosistemas y cualquier forma de vida presente en dichas zonas y/o al medio ambiente en general, evitando así, el crecimiento desproporcionado e irregular de la mancha urbana.
Los Cinturones Verdes se definen como corredores naturales o espacios de tierra rodeados de ciudades o pueblos; casi siempre son una mezcla de tierras públicas y privadas donde existen restricciones al crecimiento.
El modelo funciona ya desde hace décadas en países como Australia, Nueva Zelanda, Suecia, Holanda y Estados Unidos. Existen, por ejemplo, el Cinturón Verde en Kenia, el Groene Hart en Holanda, la Biósfera de Sao Paulo, en Brasil; el Jardín Circunvalar en Medellín, Colombia, o el Cinturón Verde Metropolitano en Londres.
La propuesta está contenida en una Iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano, así como de la Ley Ambiental y de Protección a la Tierra, ambas del Distrito Federal, que fue presentada por la legisladora al Pleno del Congreso de la Ciudad de México los primeros días de diciembre, y que ya analizan las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica.
En el documento, la diputada local expone que en la capital mexicana no se detiene en el avance de la mancha urbana y el crecimiento desordenado con sus asentamientos irregulares en áreas de suelo de conservación y en zonas de alto riesgo, como en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan y Magdalena Contreras, en las que existen bosques, barrancas, cuencas, ríos y zonas de cultivos.
Se calcula que el 59% del territorio capitalino es suelo de conservación, distribuido en nueve demarcaciones territoriales, principalmente al sur, con más 900 asentamientos irregulares y más de 200 mil pobladores, por lo que se estima que diariamente se pierde una hectárea de suelo de conservación por deforestación, asentamientos irregulares y tala ilegal, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.
Elizabeth Caracheo, Académica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ha explicado que el boom de la expansión urbana se registró en 1990, derivado de la reforma en la Ley Agraria de 1992, con la que los ejidos se incorporaron a los mercados inmobiliarios, aumentando la oferta de suelo más barato en zonas de conservación y áreas de alto riesgo, aunado a que la mayoría de las colonias populares en la Ciudad de México iniciaron como asentamientos irregulares.
Así, en zonas de reserva se pueden apreciar casas precarias que invaden las faldas del cerro, las orillas de ríos y de acuerdo con vecinos del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, en Xochimilco, en los últimos 30 años se empezó a poblar de manera irregular las partes altas, como La Guadalupita, San Miguel, Las Torres, entre otras, donde no debería haber casas.
A la fecha, es un reto para las autoridades rescatar las zonas que de la noche a la mañana se invaden con viviendas, basura o cascajo. Productores de Milpa Alta luchan a diario para evitar que el suelo rural se urbanice; lo mismo sucede en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, con los campesinos que siembran diversos cultivos, quienes aseguran que ha sido muy complicado detener la expansión y crecimiento desordenado en las áreas de cultivos.
En la Iniciativa, la diputada apunta que durante la pandemia por Covid-19 aumentó la invasión de zonas naturales protegidas, como en los casos de San Salvador Cuauhtenco y San Francisco Tlalnepantla, en Milpa Alta; la zona del Ajusco, en Tlalpan, y en Magdalena Atlitic, en Magdalena Contreras. En la carretera Picacho-Ajusco, en Tlalpan, se evidenció el crecimiento de casitas de lámina en el paraje Resumideros, de acuerdo con denuncias de vecinos.
Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco son las alcaldías con mayor superficie de suelo de conservación; le siguen Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Tláhuac y parte de Iztapalapa (el Cerro de la Estrella).
Esas áreas naturales protegidas son el hábitat de más de mil 800 especies de plantas y animales, algunas endémicas, las cuales permiten que haya captación de carbono; con la zona de cubierta vegetal de las serranías del sur regulan el clima, facilitan la infiltración de agua en época de lluvias y favorecen la recarga de acuíferos.
De acuerdo con EVALÚA de la CDMX, en 2010 había 877 asentamientos irregulares en una superficie de dos mil 820 hectáreas, mientras que la SEDEMA citaba que en 2015 eran 812 las mayores concentraciones de asentamientos humanos irregulares en las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, pero es un hecho que los asentamientos se duplican.
En los últimos 20 años, el área urbana creció 15 por ciento; en el 2000 la superficie era de 68 mil 939 hectáreas y ya en 2019 era de 79 mil 307 hectáreas; de acuerdo con datos del INEGI, en ese periodo se registró un aumento de 10 mil 368 nuevas hectáreas de suelo urbano.
Por eso, subraya la legisladora, resulta de vital importancia y necesidad, impulsar políticas públicas que contribuyan a frenar la urbanización en territorios que aún conservan su riqueza tanto en mantos acuíferos como en biodiversidad forestal.
En la foto: Diputada Lourdes González
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