La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyó que la primera parte del “Plan b» electoral no podrá aplicarse en el proceso de Coahuila de este año, y es muy probable que tampoco para las elecciones federales de 2024; este apartado cambió el término de propaganda gubernamental para suavizar la participación de servidores públicos en los procesos electorales.
El magistrado Luis Espíndola Morales recordó que el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social se publicó el 27 de diciembre del 2022, incumpliendo el plazo de 90 días en el que debe publicarse antes de que iniciara el proceso electoral de Coahuila, que arrancó a principios de este año, situación que incumple con lo que establece el artículo 105 de la Constitución.
“Si bien es derecho vigente para la elección de Coahuila, será imposible aplicarla dado que incumple con este plazo que la Constitución establece, donde las leyes electorales deben publicarse con 90 días de antelación al inicio del proceso electoral», señaló Espíndola Morales.
Asimismo, agregó que, si se valora en el caso de la elección federal, resulta que tampoco sería aplicable porque la definición que da la reforma, es la misma que analizó la Sala Superior, cuando ésta ya se pronunció respecto al decreto de interpretación auténtica en 2022.
“Recordemos que, en esa ocasión, la Sala Superior determinó que dicha interpretación era contraria a la Constitución. La Constitución, las leyes electorales y los mandatos de la superioridad son ejes que definen y definirán la decisión que hoy tomamos y estaremos tomando en casos venideros”, sentenció el magistrado.
