Debe convocar a un parlamento abierto antes de ratificar esto.
*La Cámara Baja aprobó la legislación durante la madrugada
Por Juan García Heredia
Luego de que diputados aprobaron reformas en materia de agua y minería, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) pidió que, antes de ratificar tal legislación, el Senado debe convocar a un parlamento abierto para acordar cambios que fomenten el desarrollo de la nación y del sector minero.
«Antes de ratificar la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, el Senado de la República debe convocar a un parlamento abierto y dar el tiempo necesario para realizar un análisis riguroso y una discusión legislativa amplia, incluyente e informada, con la participación de todos los actores involucrados, a fin de acordar cambios adecuados que fomenten el desarrollo de la minería y de México», indicó la agrupación.
Como se sabe, en la madrugada de este 21 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes Minera, de Aguas Nacionales, del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de concesiones para minería y agua. Fue remitida al Senado.
Algunas propuestas son: recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la nación, regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castigar la inactividad o la especulación con la cancelación de la concesión si transcurren dos años sin que se reporten trabajos en mina y considera el reúso del agua, reveló la Cámara Baja.
AIMMGM
En tanto, la AIMMGM señaló: «Si bien, los legisladores de la Cámara Baja mostraron disposición para el diálogo que permitió modificaciones a la iniciativa original presentada por el Ejecutivo federal el pasado 24 de marzo, en la reforma votada en ‘fast track’ prevalecen temas relativos a la exploración, pago de contraprestaciones y restricciones que impactarían a la industria que genera el 2.5 del PIB (Producto Interno Bruto) y más de 400 mil empleos directos».
«La interlocución entre la industria y el sector público es esencial para hallar el justo medio con un gobierno facilitador, promotor de la inversión y vigía del cumplimiento de las normativas y la industria minera que representamos: sostenible, sustentable y respetuosa con las comunidades y el medio ambiente», manifestó dicha asociación.
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