Una diputada federal de nombre Teresa Castell fue sancionada por el Tribunal Federal electoral por violencia de “género” al decirle a un hombre que NO es una mujer.
Ahora, las leyes del “género” se utilizan en contra de las mujeres a quienes prometieron defender. Decir una verdad biológica es delito. Por esta razón, un grupo de feministas redactó una carta en apoyo a Teresa Castell. Hoy es el último día para recabar todas las firmas posibles.
Este es un llamado a todas las mexicanas: de izquierda, de derecha, de centro, rurales, urbanas, estudiantes, trabajadoras, empresarias. TODAS.
Te pedimos que leas la carta y firmes. Y si es posible que difundas con tus amigas, hermanas, primas y vecinas.
Las firmas se ponen en el formulario, y se adjunta un pdf para que se pueda leer la carta no sólo en línea (firmarla sí se hace solamente en línea).
Pueden firmarla organizaciones de mujeres y mujeres en lo individual. ¡Mil gracias!
Por ti, por mi, por TODAS.
Disentir no es odio.
La lucha transexual no debe apoderarse de los espacios de las mujeres y mucho menos limitar nuestros derechos.
Carta al Tribunal Electoral en apoyo a Tere Castell
Ciudad de México a 8 de mayo de 2023
Rubén Jesús Lara Patrón
Magistrado Presidente
Sala Regional Especializada
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
PRESENTE
Señor magistrado presidente:
Las abajo firmantes, organizaciones y mujeres feministas a lo largo y ancho del país, estamos sumamente preocupadas por la determinación, tomada por la sala regional que usted preside, en la que se afirma que la diputada federal María Teresa Castell de Oro Palacios cometió violencia política en razón de género contra el diputado federal que se hace llamar Salma Luévano.
Como muchísimas otras feministas alrededor del mundo, llevamos años señalando los múltiples riesgos de la autoadscripción del sexo registral y explicando cómo la sustitución de la categoría material y objetiva de sexo por la enteramente subjetiva de identidad de género en leyes y documentos afecta los derechos de las mujeres, que están basados en el sexo biológico y no en un vago sentimiento de ser mujer, como se desprende de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.[*]
En este caso, al dar ustedes por buena la acusación de Luévano, están sentando un grave precedente: el Tribunal Electoral está usando leyes y protocolos que nacieron para combatir la violencia machista contra las mujeres… para castigar a una mujer. Teresa Castell ameritó tal resolución por hablar de un hombre en masculino (en una entrevista) y acusarlo de discurso de odio y de violencia contra las mujeres (en un tuit), pero eso no constituye un acto violento ni es faltar a la verdad. Que dicho diputado diga tener una identidad de género femenina no cambia el hecho de que es un hombre. Pero el Tribunal, pretendiendo aplicar la perspectiva de género, da por verdadero el sentimiento subjetivo e inverificable de unos hombres por encima de la realidad material, objetiva y tangible de las mujeres.
El Tribunal, además de sentar ese precedente, está mandándonos un mensaje a todas las mujeres, independientemente de nuestra postura política o nuestra adscripción partidista: debemos creer todo lo que digan los hombres, por descabellado que sea. Si un hombre dice ser mujer, más nos vale creerle aunque sea violento con nosotras, como Salma Luévano ha sido con Teresa Castell (por ejemplo, en noviembre de 2021, cuando quiso intimidarla al mostrar una figura de la muerte estando Castell haciendo uso de la palabra en la tribuna de la Cámara de Diputados).
Como si viviéramos en un régimen totalitario, el Tribunal está diciéndonos que no debemos creer lo que ven nuestros ojos ni pensar por cuenta propia. Si no comulgamos con la doctrina según la cual las personas tenemos una identidad de género (más propio sería decirle alma sexualmente estereotipada) y si sabemos que los hombres no pueden ser mujeres por mucho que lo deseen, debemos callarnos y reprimir nuestro pensamiento crítico.
Esto es incompatible con un Estado laico y democrático, como el mexicano. Es inadmisible que las instituciones encargadas de velar por la justicia en nuestro país se dobleguen ante las exigencias del lobby de la identidad de género y de grupos ajenos a la realidad que enfrenta la inmensa mayoría del pueblo mexicano. Es escandaloso que instituciones que representan a la justicia en nuestra nación eleven a rango de ley los delirios de hombres que dicen sentirse mujeres, y que pretendan imponernos a todas las ciudadanas y ciudadanos dichas fantasías como si fueran verdades inobjetables o dogmas religiosos.
Sostenemos:
1. Teresa Castell no violentó a nadie: simplemente expresó la verdad, y desde luego no violentó a ninguna mujer, sino que ha tenido el valor civil y la congruencia de hablarle en masculino a un hombre, aunque éste diga sentirse mujer, y criticar iniciativas de ley que él impulsa. Eso no es “violencia de género”: es trabajo parlamentario.
2. Los derechos políticos que están en riesgo no son los de Salma Luévano, sino los de Teresa Castell, al inscribir su nombre en un registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres.
3. La violencia en realidad la está ejerciendo el denunciante al usurpar una identidad que no le corresponde (la de mujer) y aprovechándola para ejercer impunemente violencia política contra sus compañeras de legislatura y otras mujeres.
Exigimos:
1. Que el Tribunal Electoral contribuya a hacer cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a garantizar nuestros derechos políticos, entre ellos el derecho a votar y ser votadas y la libertad de organización. Esto incluye a mujeres que no comulgan con la doctrina de la identidad de género y saben que los hombres no pueden ser mujeres.
2. Que el Tribunal Electoral ayude a velar por la libertad de pensamiento y de expresión de las mexicanas; como sostiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo sexto, “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”. Esto incluye manifestar, tanto en medios de comunicación como en redes sociales y tribunas públicas, ideas contrarias a los dictados y principios de la anticientífica y misógina doctrina de la identidad de género.
Atentamente,
[MÁS ABAJO PUEDES SUMAR TU NOMBRE. SE PUEDE FIRMAR COMO ORGANIZACIÓN, Y ADEMÁS CADA UNA DE SUS INTEGRANTES A TÍTULO PERSONAL. GRACIAS]c.c.p. Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
c.c.p. Felipe De La Mata Pizaña, magistrado, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
c.c.p. Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
c.c.p. Indalfer Infante Gonzales, magistrado, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
c.c.p. Janine M. Otálora Malassis, magistrada, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
c.c.p. Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
c.c.p. José Luis Vargas Valdez, magistrado, Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
[*] Para más información sobre los daños de la sustitución de sexo por identidad de género, remitimos a la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres Basados en el Sexo.
