Por: ARMANDO RÍOS RUIZ
Países como México, en donde la criminalidad se mueve a sus anchas. Con la complacencia de las autoridades. Con acciones tan efectivas de combatirla como los abrazos y hasta con el reconocimiento de sus actividades porque “se porta bien”, tienen que vivir “frente a dos frentes”, aunque suene redundante.
Uno, el descomunal poder de quien tiene la encomienda de dirigir su destino y mientras dura su ejercicio, se dedica a destruir instituciones que estorban sus planes dictatoriales y a dejar la planta de sus huellas en las leyes, desde la Constitución hasta cualquier código. Otro, el crimen organizado, fortalecido hasta el infinito, que ha venido de menos a más y que en la presente administración ha crecido de manera geométricamente explosiva.
La sociedad se ha visto forzada a reconocer al segundo, debido a que como nunca, la autoridad se ha mostrado maniatada frente al mismo y lejos de llamar a los expertos en su combate, los utiliza en todas las tareas que se ocurren, como administrar aeropuertos, aduanas y otros negocios. Jamás a idear operativos capaces de menguar su inmenso poder destructivo.
Esta situación ha creado conciencia de que el país no importa. Más importa consolidar el plan de adueñarse de todos los poderes para manejarlos a discreción, mientras se orilla a la población a empobrecerse y así reducir al máximo su capacidad de respuesta en caso de intentar rebelarse. Otra intención es obligar a la clase pudiente a dejar el país en pos de otro más tranquilo.
El 28 de mayo pasado, la señora Delia Quiroga, del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, quien busca desesperadamente a un hermano desaparecido, envió una carta a nueve líderes del narcotráfico en busca de un acuerdo de paz y de frenar las desapariciones. ¿Por qué no la envió a las instancias gubernamentales? Simple: no confía en ellas.
Pero para aludir palabras del mismo Primer Mandatario, la idea le cayó como anillo al dedo. Desea con vehemencia un pretexto para no combatirlas, debido a que es evidente que su táctica de “Abrazos, no balazos”, no la cree ni su familia, por más que se empeña en que ya da frutos y que no la cambiará.
Efectivamente, no la cambiará porque de esa manera responde a alguna clase de compromiso establecido con diversas organizaciones. Además, resulta muy fácil ordenar a su secretaria de Seguridad, la periodista Rosa Icela Rodríguez, que lea en las conferencias mañaneras reportes que afirman que la delincuencia está abatida a niveles jamás antes vistos. Pero las cifras la desmienten, aunque no logren ruborizarla. Tiene permiso de mentir.
El Presidente respondió de inmediato, que está de acuerdo y que apoya el pacto de paz. A veces resulta muy fácil leer los propósitos verdaderos de las personas, principalmente cuando son tan obvias. Podemos colegir enseguida que en el mandatario es más fácil apoyar medidas como la anterior, que perseguir a los criminales, como manda nuestra Carta Magna.
“Yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz, eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos”, dijo. Pero la paz no puede lograrse si el Estado no utiliza sus herramientas para imponerla. Y esto no puede ser posible con acuerdos con grupos que tienen que usar la violencia para conseguir sus fines.
Las organizaciones delictivas han cobrado una importancia muy grande. Las madres del colectivo han percibido con claridad —o tienen hambre de querer percibir— que ya hay indicios de bondad en diferentes cárteles. Han recibido de los más poderosos, respuestas positivas a través de un sacerdote.
Es inconcebible que sean las madres del Colectivo, las que buscan un acercamiento con los criminales y que la autoridad no cree el mecanismo para devolver a los desaparecidos. Inconcebible que a estas alturas, a punto de concluir el sexenio, se mantenga con los brazos cruzados.
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Para DeReporteros
