Por: Guadalupe Lizárraga
Expediente 240/1996: exmilitares presos en Puebla con 27 años sin sentencia
Eran militares cuando fueron acusados de secuestro en Morelos y Puebla, y hasta a fecha los mantienen sin sentencia y sin defensor público.
Fueron nueve militares acusados sin víctima en Puebla.
Las procuradurías de Morelos y Puebla giraron orden de aprehensión, cuando ya estaban detenidos.
En octubre de 1996, dos días después de la segunda marcha del silencio que organizaba Graco Ramírez en Morelos, fueron detenidos ocho militares acusados de secuestro y de formar una banda. Al año siguiente detuvieron a uno más. Eran los tiempos de Jorge Carrillo Olea, un general que fue gobernador por el Partido Revolucionario Institucional, de 1994 a 1998, obligado a renunciar por la violencia desatada en el estado por grupos criminales.
El registro de la prensa local, precisa que con el gobierno de Carrillo Olea, empezaron los secuestros y con éstos, la fabricación de culpables para simular que se actuaba contra el crimen.
Así surgieron los casos de Jens Herrera Guzmán, hoy de 51 años, Tirso Zúñiga Vargas, de 74, y Édgar Saúl Montiel Gómez, de 49, así como el de José Avilés Moreno, de 55 años, quien fue asesinado un año después de su liberación en 2022.
Todos eran militares y junto con otros cuatro, fueron acusados de secuestro, en contra de una persona de nombre María Salazar Apango, la cual en ninguna de sus declaraciones ministeriales los señala ni los reconoce. Se trata de la causa 240/1996, sin víctimas y sin sentencia.
Los militares fueron detenidos de manera arbitraria en el estado de Morelos, un sábado, dice Patricia Montiel, hermana de Saúl, que estaba presente al momento de que se lo llevaron.
Édgar Saúl Montiel, después de 22 años de prisión, salió en libertad el 18 de mayo de 2023, sin embargo, apenas dio unos pasos fuera de las instalaciones de la cárcel donde lo esperaba su hermana, y llegaron las policías ministeriales de Morelos y se lo llevaron de nuevo.
“Yo estaba presente. Me retiraron del área donde estaban los ministeriales de Puebla. Me alejan 200 o 300 metros del lugar, y nadie me dice a dónde se lo llevan ni qué está sucediendo”, cuenta en entrevista para Los Ángeles Press, Patricia Montiel.
Su hermano Saúl tenía un amparo definitivo; sin embargo, fue ignorado por las autoridades. Patricia tuvo que buscarlo en las fiscalías y en instancias de desaparecidos. Fueron muchas horas con la angustia y miedo por no saber a dónde se habían llevado a su hermano. Tampoco había un documento oficial de traslado, nada.
Tiempo después, Patricia recibió una llamada de su hermano, y le dice que está detenido en Puebla, en el penal de San Miguel. El amparo federal fue ignorado porque estaba acusado del delito de secuestro, por lo que no procedía. Saúl Montiel siguió compurgando un delito que no cometió, ahora en un penal de Puebla.
La misma situación vivió Jens Herrera en 2018, salió en libertad por un amparo después de 22 años de prisión, y al salir de Atlacholoaya, Morelos, lo volvieron a detener, y lo trasladan al penal de San Miguel en Puebla, donde había una orden de aprehensión girada en 1996. Hasta la fecha se encuentra sin sentencia.
En el caso de Saúl Montiel, ninguno de los coacusados lo señala de secuestro, y fue torturado en su detención por las autoridades ministeriales.
“Uno como familiar tiene que pagar también algo, a lo cual todavía no sabemos qué es, porque ni siquiera deciden o comprueban si es culpable o no después de 27 años”, señala Patricia Montiel.
La fabricación
Durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea, el secuestro fue uno de los crímenes que más se expandió en Morelos. Incluso, trascendía el nombre de Daniel Arizmendi López, conocido como El Mochaorejas, por mutilar una oreja a sus víctimas secuestradas. La proliferación de grupos delictivos o bandas imitaban en Morelos los mismos métodos y tenían aterrorizadas a la población.
Graco Ramírez, opositor político del general Carrillo Olea, en 1995, organizó la “marcha del silencio” para visibilizar la violencia y la tolerancia al crimen por parte del gobernador. Al año siguiente, 1996, se organizó una segunda marcha y en 1997, la tercera.
En octubre de 1996, con la segunda marcha, fueron detenidos los ocho militares, sin embargo, en el expediente, especifica Patricia Montiel, que hay partes informativos donde dicen que los detienen en tres lugares diferentes, y ninguno es real.
Una vez detenidos, los presentan en la prensa y televisión, como “militares secuestradores en Morelos y Puebla”. En su detención, Saúl Montiel fue muy torturado.
En el caso de Jens Herrera, su sobrino Alfredo Añorve, hace una remembranza para Los Ángeles Press, y señala que primero son detenidos y puestos a disposición en Puebla. Después se les gira la orden de aprehensión en Puebla, pero también lo hace la procuraduría de Morelos, y se los llevan a este estado a la prisión de Atlacholoaya.
“Compurgan su pena por un delito que nunca hubo un señalamiento directo, no hubo víctimas, había muchas incongruencias en todo el proceso”, dice Añorve.
Explica el también abogado, que la orden de aprehensión de Puebla, de 1996, nunca se le dio seguimiento, y ellos compurgan 22 y 23 años de cárcel en Morelos, y cuando quedan en libertad, los vuelve a requerir la procuraduría de Puebla.
Añorve precisa que esa orden de aprehensión de 1996, girada en Puebla, de acuerdo con el Código Penal de estado está prescrita. “Sin embargo, a las autoridades no les importó, y los aprehendieron de nuevo”, puntualiza. Desde que la procuraduría emite la orden de aprehensión a la situación de prisión preventiva en la que se encuentran ahora, han pasado 27 años.
En enero de 2022, Jens Herrera, quien ha estudiado Derecho para su propia defensa, interpuso una controversia judicial con el fin de ejercer su libertad de expresión y tener una entrevista con Los Ángeles Press. El juez Alberto Bagatella fue quien autorizó que fuese entrevistado por video llamada con esta periodista para hablar sobre su situación jurídica de más de 25 años sin sentencia.
Al igual que lo hizo en Atlacholoaya, Morelos, ayudó a hacer amparos judiciales y a hacer una base de datos sobre las situaciones jurídicas en las que se encuentran los presos en el penal de San Miguel en Puebla. No obstante, la directora María del Rayo Mendoza Farfán, ordenó que le quitaran todas sus pertenencias como represalia, y fue trasladado al penal de Tepexi de Rodríguez, alejándolo aún más de su familia.
El caso de Tirso Zúñiga es otro de los presos bajo la misma causa 240/1996 con mayor número de años sin sentencia en México. Fue acusado de secuestro, junto con los demás militares,
De acuerdo con la defensa, el único señalamiento fue de dos coprocesados que rindieron su declaración bajo tortura. Tirso Zúñiga también fue torturado en su detención.
Hasta ahora, ninguno de los acusados por la causa 240/1996 cuenta con un defensor público, ni reciben atención médica.
Fuente: www.losangelespress.com
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