Afectados no aceptarán indemnización económica, sino también garantía de operación correcta del Metro.
Las 13 víctimas que continúan con el proceso en el Tribunal Superior de Justicia por el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro no solo consideran la reparación económica del daño, sino que se les garantice la atención a su salud, que el Sistema de Transporte Colectivo opere con seguridad y que un caso como éste no vuelva a repetirse.
Luego de que se difirió por sexta ocasión la audiencia para la apertura de la etapa intermedia del proceso 005/1989/2021, el asesor jurídico de las víctimas, Teófilo Benítez Granados, explicó que en el plazo de 15 días analizarán los términos de un acuerdo reparatorio ante el órgano de mediación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
El juez de control, Edgar Jesús Campos, instruyó para que la Unidad de Gestión Judicial notifique a la Fiscalía que tiene un plazo de 8 días hábiles, el cual vence el 22 de septiembre, para que cite a todas la víctimas y a sus asesores jurídicos en la unidad de Mediación.
Aclaró que las víctimas a las que representa no prevén una reparación económica por la tragedia, sino que en este medio no vuelva a ocurrir un hecho similar al de mayo de 2021 y al de febrero de 2023.
El objetivo de fondo es que se logre la verdad histórica y pueda demostrarse que hubo culpable o culpables por ese hecho que dejó un saldo, en el caso de la Línea 12, de 26 personas muertas, y más de 100 lesionadas.
“Lo que se busca aquí es la verdad histórica de esto, quien tenga que ser culpable que sea castigado, si ellos van a hacer una propuesta económica, ésta tiene que estar contemplada no para unas víctimas y para otras no, tiene que estar contemplada para todas de manera equitativa e igualitaria, y o como ellos lo dijeron que solo se les propusiera a las víctimas que no han firmado un acuerdo reparatorio, ¿quiénes no han firmado el acuerdo reparatorio, porque no están interesados en lo económico?, las víctimas que nosotros representamos”, señaló Benítez Granados.
El penalista consideró que la propuesta de los imputados de llegar a un acuerdo reparatorio, mediante la vía económica, no es más que un acto dilatorio, puesto que en audiencias anteriores exhibieron sus cuentas bancarias en cero pesos.
Por esa razón, las víctimas que ha dos años y medio de la tragedia siguen con el proceso, ven con escepticismo dicha propuesta y lamentan el alargamiento de este caso judicial, que incluso podría tardar más tiempo.
“Mi postura es de indignación, el ver otra vez con artimañas quieren volver a diferir la audiencia, porque supuestamente quieren llegar a una reparación de daños, cuando ellos todo este tiempo han dicho que no tienen dinero, han mandado estados de cuenta donde ellos dicen que no tienen dinero, y hoy salen con que quieren llegar a un acuerdo, pero sino tienen dinero cómo es que quieren llegar a un acuerdo”, expuso Nancy, quien en el colapso sufrió fractura de cadera y afectación en una de sus piernas.
Teófilo Benítez recordó que con una sola persona, de las 13 víctimas a las que representa, se oponga al acuerdo reparatorio, el juez de control estará obligado a aperturar la etapa intermedia del proceso penal, la cual es prácticamente la preparación para el juicio oral, en donde no habrá ya oportunidad de concretar una reparación del daño, y la sentencia para cada uno de los implicados podría ser de hasta 100 años de prisión.
En el análisis de la propuesta de reparación del daño por parte de los imputados, será indispensable la presencia en la FGJ de Enrique Horcasitas y coacusados con sus abogados, así como de las víctimas, que analizarán dicho proyecto.
Pasado ese plazo de los 15 días, la autoridad judicial fijará una nueva fecha de audiencia, que tendrá que llevarse a cabo en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia capitalino y que no podrá superar más de 30 días.
Fotos: Cortesía
