Obligaban a una adolescente a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero en hoteles del municipio de Zumpango.
ZUMPANGO, EdoMéx.- A pocos días de concluir la administración de Alfredo Del Mazo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia de 34 años de prisión para
Ana Vanessa Rodríguez Gallo y Elizabeth Rodríguez Díaz, por el delito de trata de personas.
La FGJEM acreditó la intervención de estas dos mujeres en el delito de trata de personas, en la modalidad de prostitución ajena en agravio de una adolescente, a quien obligaban a sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero.
Las indagatorias de esta institución precisaron que, en el mes de julio del año 2020, Ana Vanessa conoció a la víctima de entonces 15 años, a quien le ofreció alojamiento en un inmueble del municipio de Tlalnepantla, a lo cual la adolescente accedió.
Meses después, en noviembre de ese mismo año, esta mujer comenzó a trasladar a la menor de edad a hoteles y moteles en esa región de la entidad, así como al domicilio de Elizabeth Rodríguez Díaz en donde debía sostener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. La remuneración que obtenía la víctima por esta actividad debía entregarla a las dos mujeres ahora sentenciadas.
En marzo del 2021 las dos involucradas y la adolescente se trasladaron a un inmueble del municipio de Zumpango para habitarlo; la víctima de igual forma fue explotada sexualmente, sin embargo, en el mes de julio de ese año logró escapar y se trasladó al DIF de esta municipalidad, donde fue auxiliada y trasladada al Centro de Justicia para que denunciara los hechos.
El agente del Ministerio Público inició una indagatoria por estos hechos y con los elementos de prueba recabados por Policías de Investigación (PDI), solicitó a la Autoridad Judicial librar una orden de aprehensión en contra de las probables implicadas.
Ambas fueron detenidas por personal de la FGJEM e ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Zumpango, en donde quedaron a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien, tras proceso legal, les dictó esta sentencia de condena.
Además de la pena privativa de libertad, estas personas deberán pagar multas de 1 millón 071 mil 750 pesos y la cantidad de 208 mil pesos a favor de la víctima, en tanto que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.
