Por: ARMANDO RÍOS RUIZ
Nunca antes en toda nuestra historia, funcionarios de alta jerarquía del gobierno de Estados Unidos visitaron tanto al nuestro durante una misma administración. Anteayer arribó a México Antony Blinken, secretario de Estado de esa nación, además de otros. Pero también los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Panamá, Alvaro Leyva y Janina Tewaney, respectivamente.
Ayer tendrían una reunión denominada de alta jerarquía, con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la que participarían también Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad estadounidense y Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos.
Se entiende que en este momento, México y su vecino han padecido un problema sin precedentes en materia de migración, que ha rebasado a nuestras autoridades en su intento de proporcionarles una estancia segura mientras en el norte deciden cerrar definitivamente el paso a este fenómeno.
La pregunta sería: ¿qué hacen esos funcionarios de Colombia y Panamá en el tema de migración? Esos dos países no figuran en la lista que enriquece el problema, en el que participan preferentemente haitianos, venezolanos, y de otros lugares de Centroamérica.
Pero también están aquí los encargados de la seguridad, otro tema importante, ya que desde hace rato, en el país vecino ha surgido una gran preocupación por la aparición del fentanilo, el agregado de las drogas que provoca una dependencia inmediata, pero además mata y en el otro lado de la frontera ya ha provocado la muerte de cientos de miles de consumidores.
Los desfiles de altos funcionarios se volvieron repetitivos y las elucubraciones en torno a ellas igualmente, al grado de que ya son parte del panorama político entre los dos gobiernos, porque hasta hoy no hemos visto avances en nada. Una de las quejas constantes se refiere a las multiplicadas bandas de delincuentes que cada vez se apoderan más del territorio nacional. ¿Se ha avanzado? ¡Sí! ¡Pero en la multiplicación de las mismas!
Se ha avanzado al revés. En la entrega de México a la delincuencia. En este momento, casi no existe ayuntamiento de nuestro suelo, que no tenga obligación de entregarles una cantidad mensual a los jefes de los cárteles locales. La obediencia es ciega, porque el riesgo que representa negarse es enorme.
En una actitud engañosa, el Presidente mexicano reconoció hace poco que, efectivamente, ha crecido el número de asesinatos durante su gobierno. Obviamente, enseguida culpó a los gobiernos del pasado al decir que son una mala herencia. Como suele disculparse siempre, para engañar.
No obstante que los asesinatos comenzaron a multiplicarse a partir de su llegada a la Presidencia y que hoy rebasan los perpetrados durante los gobiernos de su odiado Felipe Calderón y de su amado Enrique Peña Nieto. Este último ya merece un premio nacional por haber permitido su llegada al cargo más ansiado durante toda su vida política. La corrupción del pasado inmediato quedó olvidada y se trasformó en una especie de virtud como por arte de magia.
Pero si ahora reconoce el incremento de asesinatos ¿Por qué entonces insiste en continuar cruzado de brazos o en sostener esa ridícula supuesta estrategia de abrazos, que no ha provocado más que la multiplicación de las agrupaciones asesinas y por consecuencia de los crímenes?
De acuerdo con la agencia de consultoría TResearch, la actual administración acumula “156,204 homicidios. Mientras que Peña Nieto sumó un total de 102.594. Y Calderón, unos 80.686 asesinatos. ¿Cuántos más serán asesinados de aquí a que termine su ejercicio gubernamental?
Pero la herencia que el tabasqueño dejará al sucesor, sí que será demasiado cara y difícil de superar. El país será entregado con heridas letales a quien lo sustituya y será necesario emplear muchísimos años en restañarlas y muchos otros tantos en la recuperación.
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