Busca evitar modificaciones por los cambios de administración.
*Presenta iniciativa de adición al artículo 17 de la Constitución local
*Común el uso clientelar de los gobiernos a cambios de favores
La diputada local del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, busca que los programas sociales queden protegidos por la Constitución, para que con el cambio de administración estos beneficios no sean erogados, modificados o reducidos en sus presupuestos o beneficiarios, pues, además, es común el uso clientelar de estos programas a cambio de favores, dádivas u otro privilegio a cambio de apoyo político.
Por ello, la legisladora del sol azteca presentó ante el pleno del Congreso local una iniciativa para adicionar dos párrafos al numeral 4, del apartado A, del artículo 17, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en materia de protección a beneficiarios de programas sociales ante cambios de gobierno.
Con base en el documento, leído por la diputada en tribuna, dichos párrafos son: el primero, “… queda prohibida la eliminación, modificación o disminución de recursos presupuestales de las políticas y programas sociales por el cambio de la administración pública y; su eliminación, modificación o disminución deberá estar debidamente fundada y motivada, con sustento en evaluaciones de resultados, criterios de ponderación de derechos y/o mayor beneficio social”.
Y el segundo, “las autoridades vigilarán que después de un proceso electoral para la elección de un nuevo titular de la administración pública, no haya cancelaciones o modificaciones al padrón de beneficiarios de los programas sociales, ni reducción de recursos presupuestales para éstos, particularmente, en aquellas secciones electorales, unidades territoriales o alcaldías, donde el partido y/o candidato electo no haya alcanzado el triunfo; salvo que estén debidamente fundadas y motivadas con base en las reglas de operación”.
Sierra Bárcena reconoció que el sistema político, “se ha caracterizado por establecer mecanismos para mantener la equidad en la contienda, así como defender la autenticidad y la libertad del sufragio ciudadano, pero no se ha atendido defender a los beneficiarios de programas sociales, cuya permanencia pueda condicionarse al resultado en las elecciones”, lamentó.
Destacó que en la Ciudad de México, se han generado diversos tipos de instrumentos de política pública, como las acciones sociales y los programas sociales, dentro de las diferencias localizables es que las acciones sociales son contingentes, temporales, emergentes o casuísticas.
En tanto, los programas sociales han adoptado un formato muy parecido al que requieren las políticas públicas para su formulación, como los señalados en el artículo 33 de la Ley de Desarrollo Social capitalina, en el que están establecidas las reglas de operación de los programas.
Sin embargo, aclaró que la permanencia de los programas sociales, su retiro o sustitución, deberá obedecer a tres criterios, que podrán ser invocados de forma conjunta o indistinta conforme a lo siguiente: Criterio de ponderación de derechos; Evaluación de resultados; así como Motivación y justificación de las modificaciones con base en un mayor beneficio social, lo que sin duda es un objetivo legítimamente válido que un programa se vea alterado por la consecución de un bien social mayor.
Además, resaltó, “Primero los Pobres”, es la frase que a diario escuchamos con el actual gobierno, “aunque la realidad es que intenta dejar en desprotección a muchos grupos vulnerables, que se benefician con alguno de los programas sociales, que se cuentan o contaban. Hoy el Presidente trata de desvirtuar y apropiarse de esa importante política pública”, denunció.
Explicó que los programas sociales son diseñados y ejecutados, principalmente, por agencias de gobierno o bien por organizaciones de la sociedad civil, lo cual representa la generación de políticas públicas para la atención de determinadas problemáticas sociales y de necesidades apremiantes para la ciudadanía, estabilidad y paz social.
Reconoció que los principales resultados que los programas sociales federales buscan son: mejora educativa, productividad, superación de carencias sociales, ciencia y tecnología, mejora en salud, mejora laboral, bienestar social, desarrollo cultural, medio ambiente, desarrollo rural y bienestar económico.
“Aunque éstos han sido detectados como problemas públicos y los programas sociales se han encaminado a resolverlos. De allí que la Constitución debe garantizar derechos mínimos como ya lo plantee en esta tribuna. Estos derechos deben estar sujetos a revisión y deben ser evolutivos”, enfatizó.
En este sentido, dijo, en México hemos tenido dos visiones respecto de la vigencia de los programas sociales: por una parte, la de gobiernos que llegan al poder y retiran los programas por no ser parte de su agenda o, por la otra, para destinar los recursos asignados a otros programas propuestos en sus campañas.
De allí la importancia de resguardar los derechos de los beneficiarios de programas sociales, “obligando a las autoridades a velar porque aquellos beneficiarios en zonas, donde el partido gobernante o candidato electo haya perdido casillas en la elección próxima inmediata anterior, no sean sujetos de represalias o de retiro de programas, protegiendo a estos sectores contra el retiro o suspensión de programas”, insistió la perredista.
En la foto: Diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena
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