Por: ARMANDO RÍOS RUIZ
Los últimos acontecimientos en el Poder Judicial, deben haber engendrado un coraje terrible en el Presidente, cuya capacidad destructiva se ha visto impedida para echarla a andar lo antes posible, luego de que el Congreso aprobara la extinción de 13 fideicomisos, acción con la que pretende debilitarlo e inmovilizarlo, al retirarle los medios necesarios para su subsistencia.
Esto significaría el inicio de la transformación de dicha institución, a placer del Primer Mandatario, quien propuso que los ministros sean electos por la voluntad del pueblo. Pero más que nada, de sus simpatizantes ignorantes de lo que significa esa autoridad, o del voto fácil y analfabeta que satisfaga su capricho.
Busca también erigirse en el poder omnímodo que le permita hacer y deshacer sin encontrar un reclamo. Sin que la voz de alguien tenga capacidad para echarle en cara sus constantes desatinos y su delirio de continuar por una senda desolada por la que sólo camine él. En donde las voces contrarias de la conciencia no se escuchen y al mismo tiempo, en donde los aplausos de sus apasionados simpatizantes suenen como la más hermosa melodía en sus oídos.
Pues en Chihuahua, el juez décimo segundo de Distrito, Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió la primera suspensión provisional contra la extinción de dichos fideicomisos, que contienen más de 15 mil millones de pesos. Por lo pronto, esos recursos no serán transferidos a la Tesorería de la Federación, debido a un amparo que promovió la magistrada María del Carmen Cordero, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo en esa entidad del norte.
“El juez también ordenó acatar la suspensión provisional a las entidades fiduciarias, que son el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y la Banca de Desarrollo Nacional Financiera (Nafin)”.
Seguramente, el Ejecutivo discurrirá alguna otra estrategia para insistir en sustituir la Suprema Corte por un títere más a su disposición y realizar el sueño más preciado de cualquier dictador, de mantener sometidos a su voluntad todo lo que signifique oposición a sus órdenes demenciales.
La rabia debe haberle inundado el hígado de bilirrubina, al enterarse también de que las ministras de la Corte, supuestamente incondicionales por haberlas designado él mismo, no son lo obedientes que se pretendía. Me refiero a Margarita Ríos Farjat y a Loretta Ortiz, quienes no vacilaron en pronunciarse en contra de su propuesta de que los “integrantes del Alto Pleno sean elegidos mediante el voto popular. Actitud por demás aberrante.
La ministra Ortiz recordó “un caso en el que se le pidió hablar con un ministro de un estado en donde los juzgadores son electos por voto popular, y quien votó a favor de la pena de muerte de un mexicano porque ello le resultaba más benéfico para su carrera”.
“Uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. Yo le pregunté por qué emitió esa sentencia y fue así, clarito: ‘es que esto me dio más popularidad, me dio la oportunidad de ascender”.
Este ejemplo es apenas una gota del inmenso iceberg. Miles de actitudes erróneas de ministros electos a capricho del Presidente, aún están ocultas. Lo que está a la vista hoy, es el descuido y la incapacidad probada del mismo Mandatario, para elegir a sus incondicionales. Es el ejemplo vivo de la incapacidad anunciada desde el momento en que dijo preferir 90 por ciento de honestidad y 10 de experiencia. En los hechos, ni lo uno ni lo otro.
No es raro que el Mandatario haya criticado la actitud de ambas conocedoras del Derecho. Sin duda, esperaba de ellas una respuesta incondicional como pago a su designación o al favor de su amistad, que no al reconocimiento de sus capacidades como juzgadoras. Para el señor de palacio, el apego de ambas a su criterio para respetar adecuadamente las normas con las que diariamente tienen que lidiar y dar los mejores resultados, es lo de menos.
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