Por: LILIA ARELLANO
“Entre dos males no elijas ninguno”: Charles Haddon Spurgeon
● Someter al PJF, otro fracaso para AMLO
● Conceden amparo definitivo a la extinción de fideicomisos
● Rechazo total a la propuesta de elección popular de ministros
● Recibirán millonada decenas de minipartidos locales inútiles
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2023.- La insistencia y necedad del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter al Poder Judicial y obtener así un mandato absolutamente autocrático, está marcando el fin del poder sexenal del macuspano.
El máximo tribunal del país se convirtió en la última trinchera de defensa de la democracia, de la división de poder y de respeto a la Constitución. El mandatario no ha podido someter a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no puede imponer la dictadura que aspira hacer transexenal en la figura de Claudia Sheinbaum, a quien domina en todos los aspectos políticos.
Hasta los propios ministros impulsados por el tabasqueño se han manifestado en contra de sus intentos de controlar al Poder Judicial. Las ministras Loreta Ortíz, Margarita Ríos Farjat, y el ministro Alberto Pérez Dayán, rechazaron la propuesta presidencial para que los integrantes de la SCJN sean elegidos a través del voto popular, porque se requiere un perfil especial.
Coincidieron: la elección de los ministros no es una propuesta viable. Ortíz sostuvo es necesario un perfil para llegar a la Corte, se debe contar con cualidades específicas, lo cual no puede alcanzarse en la urna siendo electos. Durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL), cuestionó: “Cuando lleguen los jueces electos popularmente, ¿van a necesitar ese apoyo popular o van a ser removidos? Si van a necesitar mantener ese apoyo popular, ¿eso va a condicionar sus decisiones?”.
Loreta Ortíz narró cuando conoció a un juez en Estados Unidos quien fue electo popularmente y dictó la pena de muerte a un mexicano sin tener las pruebas suficientes, bajo la premisa de tener de esta forma más popularidad y ascendería en su carrera judicial. Durante el seminario “El derecho a la información, la importancia de la Transparencia en el Ejercicio de Gobierno”, consideró: “Eso no podemos permitir… no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por voto popular”.
Margarita Ríos Farjat sostuvo: el fondo es dónde quedan las garantías de estabilidad judicial con esta elección de juzgadores, ya que rompe con un sistema de garantías de estabilidad en el cargo. Dijo que ninguna institución, organismo, asociación está exenta de tener intereses, “¿qué es lo que vamos a esperar? Que haya configuraciones y que decidan, pues entonces va a ser muy complicado (…) Tendremos que tener cuidado de no confrontarnos con ellos porque van a elegir o a decidir el juez que, de alguna manera, recibió más votos y que probablemente resuelva, a través de más votos”.
También el ministro Alberto Pérez Dayán coincidió al afirmar que no es viable la propuesta, y añadió que el tema político hace un agregado el cual riñe con un tema de seguridad jurídica. “Es precisamente lo que la voluntad del colectivo quiere escuchar del juez que colocó ahí a través de un sufragio y si no lo hace, ¿se tiene que ir? (…) Pues todo dependerá entonces del talante que tenga la sociedad en ese momento… será popular porque hizo lo que pensaba la mayoría que quería que hiciera”, explicó.
La opinión de los ministros Ortíz Ahlf, Ríos Farjat y Pérez Dayán, no cayó nada bien a López Obrador. El mandatario increpó: “¿cómo que no se va a poder?”. Lanzó su opinión: “si a esas vamos, se necesitaría que los ministros del Máximo Tribunal fueran elegidos por una especie de consejo de “sabiondos” o un “consejo supremo de eminencias”.
A pregunta expresa, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue engañosamente reiterativo al señalar los ministros tienen derecho a dar su punto de vista, aunque a un sector de la población le cuesta entender en que el pueblo es soberano. “Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere un perfil especial y llevaría a que fuera electo por una especie de consejo de “sabiondos”, consejo supremo de eminencias y no el pueblo o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías, y para las minorías y no la democracia que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros?”cuestionó nuevamente.
La intentona de AMLO de apropiarse de los recursos de 13 fideicomisos del Poder Judicial, que cuentan con más de 15 mil millones de pesos, también está destinado al fracaso. Una jueza concedió la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1754/2023, contra esta pretendida extinción. La jueza de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo concedió la suspensión a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación (JUFED), cuyos efectos subsistirán hasta que se resuelva el juicio en lo principal.
La suspensión definitiva de la jueza señala que se concede la suspensión definitiva, en términos de lo expuesto en la resolución y para los efectos precisados, e indicó: ”Hágase del conocimiento del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presente determinación, en los términos indicados en el último considerado”.
También abunda la suspensión definitiva de los actos reclamados, con lo que pretenden las instituciones fiduciarias se abstengan de llevar a cabo la extinción o terminación de los fideicomisos, con el objeto de que se sigan ejerciendo todos los derechos de las partes fideicomisarias y beneficiarias de los mismos. “Por su naturaleza, se trata de un acto positivo, por lo que sí permite su paralización. El requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en que forma presuntiva, es decir, que cuenta con derecho tutelado”, precisó la JUFED.
La JUFED confirmó que a los juzgadores y servidores públicos del PJF la extinción de dichos fideicomisos afecta derechos adquiridos previstos en las Condiciones Generales de Trabajo. La determinación de la jueza abundó: no se extingan ni se haga entrega de los fondos, recursos, remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los 13 fideicomisos a la Tesorería de la Federación, correspondientes a la Suprema Corte de Justicia, Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, involucrados en el decreto legislativo reclamado. Detalló: “lo anterior, en virtud de que la suspensión ahora en definitiva se concedió respecto de la norma reclamada para que las cosas se mantengan en el estado que guardan”. Abundó: “pero con efectos generales por impactar a todo el personal de la Judicatura Federal, lo cual implica que los fondos de dichos fideicomisos se seguirán aplicando para cumplir con su objeto y fines originalmente determinados en ellos, cuyo destino final se determinará en una sentencia constitucional”.
Además, diputados federales del PRI, PAN y PRD presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de estos fideicomisos. Rubén Moreira, coordinador de los diputados priístas, aseguró esta acción es necesaria para fortalecer la democracia y detener el debilitamiento a la impartición de justicia que se genera con la extinción de estos fideicomisos. Es importante mantener los recursos necesarios para la capacitación y seguridad de jueces y magistrados, para la infraestructura de nuevas salas, así como para dar a los trabajadores lo que les corresponde por los ahorros que ellos generaron y que se les desaparecen. Para el diputado Marco Antonio Mendoza, detrás del intento promovido por Morena y sus aliados, por desaparecer los fondos, está una maniobra por debilitar el Poder Judicial, ataque y vulneración que se combatirá con la acción de inconstitucionalidad que se presentó.
El legislador del PRI reiteró el apoyo irrestricto a la gestión de la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, considerando es una mujer que ha sabido conducir el Poder Judicial. Toda una cátedra de derecho le fue dictada tanto al primer mandatario como a su consejera jurídica, quien ignorando lo más elemental marcado en la ley, pretende llevar a ser ministra de la SCJN.
DE LOS PASILLOS
AMLO y Morena mantienen su estrategia de comprar encuestas y espacios en medios de comunicación para exhibir que su candidata “titina”, Claudia Sheinbaum, mantiene una “gran ventaja irreversible” rumbo a la Presidencia de la República, para tratar de inhibir el voto opositor y consolidar su aspiración. La última fue publicada hoy en El Universal, elaborada presuntamente por Buendía & Márquez, la cual indica que la candidata presidencial de Morena inicia el periodo de precampañas con una “amplia ventaja”. Casi la mitad de los entrevistados (48%) manifiesta que si hoy fuera la elección votaría por la ex jefa de Gobierno de la CDMX. Su principal rival, Xóchitl Gálvez, del frente opositor, obtiene 24%, mientras que Samuel García, de MC, inicia con un apoyo de 8%. La No respuesta a la pregunta de intención del voto fue del 20%. Esa es la estrategia a seguir a lo largo de todo el periodo proselitista…
Paradójicamente, atacando cualquier principio de lógica, el presidente mantiene acotada a Claudia Sheinbuam, quien ni siquiera es capaz de construir un equipo propio para la campaña rumbo a la Presidencia de la República. Ayer presentó a su equipo de precampaña en donde a leguas se ve la mano del mandatario pues incluyó a ex aspirantes morenistas al mismo cargo que ella busca como Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal –solo faltó Marcelo Ebrard- y ex funcionarios federales como Tatiana Clauthier, ex secretaria de Economía, quien será su coordinadora de voceros. Destacan también Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien será coordinador de la precampaña; Renata Turrent, enlace con sectores académicos; y la soprano Regina Orozco, como enlace con la comunidad cultural… Todos “fichitas” de la 4T, detenidos en un tablero de ajedrez en donde su papel de alfiles los hace sustituibles y sacrificables.
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en México existen 83 partidos políticos locales, los cuales por años han vivido del erario público e incluso, algunos de ellos, perdieron el registro, pero han revivido bajo otros nombres y emblemas y que en 2024 podrán en juego sus registros para seguir recibiendo millones de pesos de las arcas públicas… Las cifras preliminares destacan que sólo en 10 estados se prevé destinar 271.1 millones de pesos para el gasto ordinario y de campaña de los 26 partidos locales vigentes en estas entidades. El presupuesto definitivo para los partidos políticos en las 32 entidades tendrá que ser avalado por los Congresos locales en las próximas semanas. Las cifras del INE señalan: de 1993 a 2023 han perdido su registro 79 partidos locales y con ello la posibilidad de participar en los procesos electorales.
De Guerrero, particularmente de Acapulco, los mexicanos no nos olvidamos, lástima no sea así en Palacio Nacional en donde quien lanza más agresiones, calificativos, denostaciones y mentiras afirme cuidar la investidura presidencial y por ello huye, evita dar la cara a los afectados.
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