«En los hechos, algunos nombramientos suelen ser a beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo, en perjuicio del bienestar público.
El PAN presentó una iniciativa que tiene como objetivo sancionar y evitar que los servidores públicos se ostenten con la profesión, para la que no tienen la capacidad técnica en el desempeño de un cargo, en concordancia al mandato Constitucional al derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente.
El diputado Luis Chávez García indicó que los servidores públicos con responsabilidades técnicas o especializadas, están sujetos a procesos de selección de méritos personales, en los que se toman en cuenta su instrucción, experiencia y capacidades específicas.
“No como Ulises Lara, que no es abogado y logró un título en Derecho gracias a su cuñado Martí Batres y el tráfico de influencias en el Gobierno de la Ciudad de México”, recalcó.
De acuerdo al panista, en los hechos, algunos nombramientos suelen ser a beneficio político de quien los designa o a la protección de determinados intereses particulares, o de grupo, en perjuicio del bienestar público.
“Como sucede con la corrupción de MORENA en la Ciudad de México y Ernestina Godoy buscó proteger hasta el último día de su gestión al frente de la Fiscalía local”, destacó.
El relevo de la ex fiscal Ernestina Godoy, Ulises Lara López, quien se desempeñaba como vocero de la Fiscalía, y en su último día en el cargo, Ernestina Godoy lo nombró Coordinador General de Investigación Territorial, hecho que le permitió quedarse al frente de la dependencia encargada de procurar justicia en la capital.
El nombramiento de Lara fue más una maniobra política que una designación basada en méritos, en este caso la lealtad fue más importante, como dice el Presidente.
“Para este gobierno, la preparación académica no interesa, no se requiere capacidad alguna y la deshonestidad se desborda significativamente. Los métodos utilizados por Ulises Lara para obtener un título y una cedula profesional son cuestionables”, puntualizó.
Ante ello, el diputado del PAN mencionó que para perseguir delitos y tratar con las víctimas, se requiere experiencia, preparación, capacitación, méritos y no recomendaciones políticas.
Se trata de mejorar la profesionalización y los valores éticos. Por lo anteriormente fundado y motivado, se presenta ante este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el Código Penal del Distrito Federal, con un artículo de nueva creación, el 259 BIS, quedando de la siguiente manera:
CAPÍTULO II
EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO
ARTICULO 259 Bis. Comete el delito de servicio público fraudulento, la persona que labora en la administración pública, en los Órganos de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la Ciudad de México, sin contar con los conocimientos para el servicio público, o bien se ostente con un grado de estudios que no posee.
De igual manera comete este delito, el servidor público que de manera ostensible y en plazos de tiempo reducidos, presenta documentos que lo acreditan con un grado de estudios que no poseía y para los que en la práctica se requieren protocolos de tiempo amplios.
Se impondrá prisión de dos a seis años, al servidor público que teniendo conocimiento de no contar con los estudios y conocimientos que el servicio público requiere, ostenta el cargo de servidor público en la Administración Pública, en Órganos de Seguridad Ciudadana, en Órganos de Procuración de Justicia, en la Fiscalía General de Justicia o en el Poder Judicial de la Ciudad de México.
En la foto: Diputado Luis Chávez García
Foto: Cortesía
