“La democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas”.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado presidente para América Latina y el Caribe, señaló que el Gobierno mexicano está obligado a garantizar elecciones limpias y verificar que el uso de recursos económicos no provengan de forma ilícita.
Este martes, el periodista estadounidense, Tim Golden, editor especial de ProPublica, dio a conocer en un artículo en el cual explica que en el 2010 la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) inició una investigación sobre la supuesta entrega de 2 millones de dólares por parte de integrantes del crimen organizado a los entonces operadores del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, para financiar su campaña electoral del 2006.
Dicha investigación fue concluida hace 13 años por falta de pruebas, sin embargo, de acuerdo con Golden, el cierre de la investigación se debió realmente a las dificultades que Estados Unidos enfrenta para indagar estos temas. Aun así, el mismo periodista aclara que su artículo no afirma la existencia de evidencias contundentes sobre posibles actos de corrupción en la campaña de López Obrador.
A pesar de ello, el texto de Tim Golden ha puesto en la mesa la dificultad del Estado Mexicano para transparentar el uso de los recursos económicos destinados a las campañas electorales.
El ex consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Alfredo Figueroa, afirmó en una entrevista para Aristegui Noticias que “No tenemos instrumentos institucionales en el país para hacer investigaciones serias sobre financiamiento a campañas”, y asegura que en todas las campañas ha habido dinero ilegal involucrado.
Igualmente, considera que existe una convivencia entre el Gobierno y los grupos de la delincuencia organizada, por lo cual se puede inferir que el narcotráfico ha metido las manos de una u otra forma en los procesos electorales de cada sexenio.
En cada elección se destapan casos de financiamiento ilegal proveniente de fondos privados, sean de individuos o de empresas, que recurren al lavado de dinero o la evasión fiscal. En actividades fraudulentas como esta, el mecanismo más común es la simulación de operaciones mediante empresas fantasmas.
También se recurre a facturas apócrifas; la entrega de donativos con exención fiscal que, después, son devueltos al donante; la contratación de servicios por parte de una empresa para beneficiar a un partido político, por ejemplo, publicidad o encuestas de preferencias electorales, entre otras acciones.
De acuerdo con el análisis Modelos de financiamiento de los partidos políticos en México y América Latina, México es el país de América Latina que más dinero público da a los partidos políticos.
En el 2021 se entregó 239.12 millones de dólares a los partidos políticos para actividades no electorales, mientras que otros países recibieron cantidades considerablemente menores, como Brasil que contó con 160.84 millones, Colombia y Chile con 7.85, 3.61 y Argentina con 1.68 millones.
Por otra parte, el estudio elaborado por la Subdirección de Análisis Económico, dependiente de la Cámara de Diputados, indicó que en las elecciones de 2018, México entregó a los partidos políticos y candidatos independientes 113.62 millones de dólares, quedando en segundo lugar detrás de Brasil, que en el mismo año gastó 478.11 millones para financiar actividades electorales.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) han trabajado en conjunto para evitar la utilización de dinero ilícito en las campañas electorales en América Latina y garantizar una adecuada distribución de recursos entre partidos políticos. En sus estudios han detectado que “el financiamiento de los partidos políticos es un tema complejo, irresuelto y controversial”.
Gutiérrez Yáñez apunta que en este año 2024 en América Latina habrá elecciones en diferentes países, por lo que los Derechos Políticos de los votantes deben de fortalecerse, toda vez que la democracia no se reduce al acto electoral, sino que requiere de eficiencia, transparencia y equidad en las instituciones públicas, así como de una cultura que acepte la legitimidad de la oposición política, al mismo tiempo que reconozca y abogue por los derechos de todos.
Más allá de un método para elegir a quienes gobiernan, la democracia es también una manera de construir, garantizar y expandir la libertad, la justicia y el progreso, organizando tanto las tensiones como los conflictos que generan las luchas de poder.
Para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito es muy importante que la transferencia de los recursos económicos utilizados en los procesos electorales sea de origen lícito, ya que esto genera paz social y respeto a los derechos humanos.
El Comisionado Presidente de la CIDHPDA alertó que si no se pone el mayor cuidado en el uso de los recursos, esto ocasionará que los próximos gobernantes generen acuerdos con organizaciones delincuenciales, lo cual traerán como consecuencia inestabilidad social y un incremento en diversas violaciones a los Derechos Humanos.
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