“El gobierno federal debe optimizar las medidas necesarias para garantizar el bienestar social”.
Actualmente, la sociedad mexicana en todo el país está viviendo un caos provocado por una serie de circunstancias que alteran el orden y la paz, como lo son la violencia, asesinatos, quema de vehículos, al transporte público, entre otras problemáticas que alimentan la incertidumbre y el malestar social entre la población.
Al cierre del 2023, el INEGI registró un 59.3 % de mexicanos que consideran a su localidad como un lugar inseguro para vivir. De ese total, el 64.8 % corresponde a las mujeres, por lo que ellas son la población que más inseguridad percibe en lugares públicos.
La percepción de inseguridad se refiere a cómo se sienten las personas con respecto a la libertad de salir a las calles, sea para realizar actividades recreativas o laborales.
También está relacionada con la incidencia y el atestiguamiento de delitos o disturbios en sus comunidades. Bajo esta premisa se obtuvo que entre el 64 y el 70 % de los mexicanos considera a los cajeros automáticos en calles o avenidas y el transporte público como los lugares más peligrosos.
Si bien la percepción de inseguridad en el 2023 alcanzó sus niveles más bajos durante los últimos cinco años, en la realidad México mantiene altos niveles de violencia, con 30 mil 523 homicidios perpetrados el año pasado. Según el “Informe global sobre Homicidios 2023” publicado por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), México se ubica en el lugar número nueve de 266 países del continente americano, como el país con la mayor tasa de asesinatos para el 2022.
Con una calificación de 7.57, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Crimen Organizado 2021, delito que es uno de los principales generadores de violencia.
Uno de los casos más recientes en este rubro fue el enfrentamiento entre elementos de la guardia nacional contra sicarios de un grupo delictivo, quienes hicieron bloqueos con camiones de carga en varios puntos de Ciudad Guzmán, Jalisco, el pasado 16 de febrero.
El grave problema de la violencia causada por el crimen organizado y los conflictos territoriales han incrementado la crisis de desplazamiento en México, siendo este el tercer país con más desplazados internos, apenas superado por Colombia y Estados Unidos.
La población más afectada por este fenómeno han sido las comunidades indígenas, quienes buscan una mejor calidad de vida tanto dentro como fuera del país. Los cinco estados que concentran el mayor número de personas desplazadas son Michoacán, Guerrero, Chiapas, Baja California y Oaxaca, de acuerdo con el estudio «Desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México. Una perspectiva desde 12 ciudades”. En promedio, cerca de 7 mil 710 personas fueron afectadas por dichos desplazamientos entre enero y junio del 2023.
Todo este panorama ha provocado un daño considerable al desarrollo social, económico, así como al proyecto de vida de los mexicanos. De igual forma, favorece a un ambiente de intimidación, que en el derecho se define como una sensación de temor a un mal inminente y grave en el individuo o en sus bienes o en la integridad de un familiar.
Aunado a la violencia, hay otros factores que entorpecen la posibilidad de miles de mexicanos para tener una vida digna, como lo son: la desigualdad, la concentración de la riqueza y de los medios de producción, la impunidad, el uso indiscriminado de los recursos naturales, la falta de infraestructura para garantizar el abasto de agua en puntos críticos del país, como recientemente sucede en la Zona Metropolitana del Valle de México.
El Estado Mexicano no ha tomado las medidas necesarias para el pleno desarrollo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), que son los derechos relacionados con la satisfacción de necesidades básicas de las personas, entre las que se encuentran: un nivel de vida adecuado, la salud, el agua, un trabajo bien remunerado, la seguridad social, una vivienda digna y decorosa, una educación de calidad, el acceso a la cultura, etcétera.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, exhorta tanto a la actual administración como a candidatos a la presidencia de México, a trabajar en estrategias enfocadas a garantizar los derechos DESCA, los cuales deben ser protegidos y difundidos en todo el territorio mexicano sin distinción alguna. El bienestar social es imprescindible para una nación estable y pacífica.
En la foto y videos: Quema de autobús de pasajeros en Acapulco y asaltos a transportistas en carreteras de México.
Foto y videos: Especial
