«Necesario crear una comisión de la verdad para investigar el financiamiento presidencial en México».
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz del comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, advierte que la vida democrática debe basarse en la transparencia, tanto en el ejercicio periodístico como en un Gobierno garante de las libertades y derechos fundamentales.
“Rechazamos la manipulación perpetrada por actores políticos que pretenden callar la libertad de prensa”, recalcó.
En agosto del 2020, el medio informativo Latinus publicó un video en el que se muestra al hermano del actual Presidente de México, Pío López Obrador, intercambiando sobres amarillos con dinero en un supuesto caso de corrupción.
Posteriormente, justificó que se trataban de «aportaciones» para apoyar al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Cabe recordar que Pío López Obrador era el responsable de recaudar recursos económicos en efectivo para los gastos de campaña.
En el 2022, Pío López interpuso una demanda por daño moral en contra del periodista y exige una reparación de 200 millones de pesos. Este 27 de febrero, ambos sostuvieron un careo en los Juzgados Civiles ubicados en Niños Héroes #132, en la colonia Doctores.
Gutiérrez Yáñez aseveró que es necesario crear una comisión de la verdad para generar una investigación profunda con el fin de identificar las fuentes de financiamiento a las campañas presidenciales del 2006 y del 2018, en las cuales, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer que hubo recursos por parte del Narcotráfico.
De igual forma, las investigaciones deben considerar la información divulgada por Latinus para aclarar el origen del dinero que recibió Pío López.
El Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a menos que provoque algún delito.
Por otro lado, el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece la protección a la libertad de opinión y de expresión de todo individuo; “este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por lo tanto, el Estado Mexicano debe respetar ambos artículos y garantizar la libertad de expresión en lugar de atacar a las y los comunicadores críticos al gobierno.
En la CIDHPDA rechazamos la demanda de 200 millones de pesos que solicita Pío López Obrador en contra de Carlos Loret De Mola, pues esta es una acción que intenta callar la libertad mediante un periodismo de investigación.
Expresamos nuestra mayor solidaridad al trabajo periodístico que viene realizando el comunicador mexicano, concluyó.
Foto: CIDHPDA / Cuartoscurto
