*“Toda estrategia o política pública debe tener como eje la cultura de paz, pues esta es una herramienta fundamental para prevenir todo tipo de violencia y garantizar la convencía armónica en la población”
En la actualidad, los gobiernos y las instituciones alrededor del mundo han avanzado significativamente en la protección de los derechos de las mujeres, los cuales están protegidos tanto por el Derecho Internacional como por las normas nacionales, de esta manera es posible sancionar toda forma de discriminación en su contra.
Hoy se reconocen plenamente sus aportes a la sociedad y su libertad para tomar decisiones, no obstante, aún hay un largo camino que recorrer para erradicar por completo la violencia, la desigualdad y la pobreza que afecta especialmente a la población femenina.
De acuerdo con Naciones Unidas, alrededor de 342,4 millones de mujeres y niñas vivirán con menos de 2,15 dólares al día hasta el 2030, así pues, será imposible alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Una nota especial publicada por la institución bancaria Citibanamex, informa que las féminas representan el 40% de la fuerza de trabajo a nivel mundial, porcentaje que las posiciona como un pilar fundamental para la economía de cada nación.
Por tal motivo, resulta indispensable eliminar las barreras en los sectores u ocupaciones donde aún existe una brecha de género, pues la participación de las mujeres podría aumentar hasta en un 25% la productividad laboral.
México alcanzó una cifra histórica en el 2022 en cuanto a la participación laboral de las mujeres. Al menos el 45% de ellas tiene un empleo remunerado, siendo el porcentaje más alto desde el 2005, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
A pesar de ello, aún enfrentan muchas dificultades para entrar, permanecer y ascender en el mercado laboral. Entre esos problemas están la doble jornada de trabajo, el estancamiento en puestos medios, el acoso y la brecha salarial. Para garantizar la independencia económica de las mujeres es fundamental implementar políticas públicas destinadas a erradicar cualquier actitud que afecte a su libertad y seguridad en el trabajo.
Por otra parte, México enfrenta grandes retos en la violencia de género, cuya incidencia va en aumento, sobre todo en Estado de México y la Ciudad de México. De acuerdo con la información dada a conocer por Citibanamex, con cifras tomadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), siete de cada 10 mujeres han experimentado situaciones de violencia, ya sea económica, sexual, física o psicológica.
Este tipo de violencia llega a su máxima expresión con el feminicidio, según la firma financiera, este es alentado por distintos factores: el matrimonio de niñas con hombres adultos, el embarazo adolescente, la prostitución o la insuficiencia de refugios para las mujeres y sus hijos.
En el Día Internacional de la Mujer, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), en voz de su comisionada Nacional de Igualdad, Teresa Manzanares Cruz, hace un llamado al Estado Mexicano a que redoble esfuerzos en garantizar educación, seguridad, justicia, los derechos reproductivos y el bienestar para todas las mujeres del país, implementando medidas como: un mejor protocolo en el procedimiento de denuncias, así podrá evitarse en buena medida que las víctimas desistan en denunciar a sus agresores; impulsar leyes para abolir completamente el matrimonio infantil; aumentar el acceso a las oportunidades económicas y crear programas educativos que incluyan la igualdad de género como un medio para combatir los roles o estereotipos que puedan afectar negativamente tanto a mujeres como a hombres en todos los aspectos de la sociedad.
Cada estrategia o política pública debe basarse en la cultura de paz, pues es una herramienta fundamental para prevenir todo tipo de agresión y garantizar la convivencia armónica en la ciudadanía.
De igual manera, la cultura de paz ayuda a mejorar el ambiente donde se desarrollan las mujeres, creando espacios seguros para ellas; enseña a las personas a resolver sus conflictos de forma no violenta, lo cual podría prevenir cientos de feminicidios provocados por problemas en la pareja.
También alienta una mayor participación ciudadana, creando sociedades más solidarias y, por ende, más igualitarias. Todas estas acciones no solo crean mejores condiciones de vida para la población femenina, también contribuyen a fortalecer la democracia, pues esta no puede existir sin una participación igualitaria entre hombres y mujeres. Ambos grupos deben gozar de los mismos derechos y obligaciones en la vida política, social, económica y cultural del país.
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