El Consejo Nacional de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) exige al Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador y al Gobierno estatal que encabeza Evelyn Salgado, garantizar los derechos humanos de guerrerenses que sufren por la violencia en la entidad, y que, lamentablemente, han perdido la vida a manos del crimen organizado.
“La creciente ola de violencia en Guerrero es el resultado de varias problemáticas que no se han atendido de forma oportuna durante años, como lo es la disputa entre varios grupos criminales por el control de la extorsión en el territorio guerrerense; la presencia de diversas economías criminales, la corrupción y la complicidad de algunos servidores públicos con la delincuencia”, recalcó el organismo.
A principios de este año, los municipios de Taxco de Alarcón y Chilpancingo han sufrido una serie de asesinatos, dirigidos principalmente a conductores de servicio del transporte público, prosiguió
En suma, destacó, no se cuenta con una estrategia de seguridad y una policía debidamente capacitada para proteger a la ciudadanía, en su lugar se tienen elementos que ejercen un abuso de poder, como sucedió con el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo. Situación por la cual, el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial, y el de Seguridad, Rolando Solano, entregaron su renuncia a la gobernadora del estado, quien señaló que también removerá a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos.
Por otra parte, ahondó, la violencia está afectando también al proceso electoral, pues desde que este comenzó han ocurrido ocho homicidios y cinco agresiones contra precandidatos y políticos, siendo el caso más reciente el del aspirante a la alcaldía de Chilapa por Morena, Tomás Morales Patrón, quien fue asesinado a balazos la noche de este martes afuera de su domicilio, cuando regresaba de hacer capacitaciones electorales.
Y qué decir de los videos que circulan en redes sociales, donde se ve a hombres armados golpeando brutalmente a operadores de unidades de transporte público, a quienes no solo exigen que les reporten todos sus movimientos, sino también los extorsionan.
La ineficiencia de las autoridades para frenar la crisis de seguridad en Guerrero han orillado a los habitantes de al menos 16 municipios a organizar policías comunitarias, reclutando entre ellos a menores de edad, para hacerle frente al crimen organizado, enfatizó.
Por esta razón, la CIDHPDA solicita de manera urgente al Gobierno Estatal y Federal, realizar acciones necesarias para proteger la vida de las y los guerrerenses, reiteró.
Foto: Archivo
