En los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Aguascalientes y Yucatán las desapariciones tienen género y condición económica, pues las víctimas son especialmente niñas y adolescentes quienes viven en condiciones de pobreza, reveló un estudio en el que participó Karina Mariela Ansolabehere, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), de la UNAM, e integrante del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México.
La especialista del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) , señaló que el organismo elaboró un mapa donde se aprecia que no existe un solo estado de la República Mexicana libre de desapariciones de mujeres, para el cual utilizaron los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, además de sus propias investigaciones, cualitativas, en entidades federativas específicas.
Si bien ellas y los varones padecen esa situación, los motivos por los cuales sucede son diferentes, según el sexo, y en los últimos tiempos se aprecia una feminización del problema, por lo que es necesario reflexionar más sobre este fenómeno, cómo se ha institucionalizado, sus retos y aciertos, y la forma en que convive con las alertas de género, enfatizó Ansolabehere.
En tanto, el vicepresidente de la Junta de Patronos de la Universidad Nacional, Mario Luis Fuentes Alcalá, dijo que, “algo de lo más sorprendente son las cifras, pues solo uno de cada diez delitos se denuncia y hay algunos que menos, como las violaciones, lo que hace pensar que los 112 mil desaparecidos son más y habría que poner la cifra no como una totalidad, es decir, que son solo los casos que se conocen.
Si ponemos que cada uno de los desaparecidos tiene 3.5 familiares, por decir un número, estamos hablando de miles de personas que aunque no buscan, fueron tocadas y afectadas.
Poner en tensión el tema de los sobrevivientes, todos los que hemos perdido algo somos sobrevivientes y ahí empieza la parte simbólica, la ausencia del sepulcro, la ausencia del lugar donde reposan los que hemos perdido. Vivir un duelo sin sepulcro, sin cementerio, abre una dimensión mucho mayor y pone la enorme dimensión de la violencia simbólica no tener un lugar a dónde ir”, reflexionó.
De acuerdo con el coordinador del PUED, Enrique Provencio Durazo, la peor sorpresa que deparó la realidad mexicana en este siglo son el ciclo de violencias crecientes, desapariciones en aumento y feminización de estos problemas.
Ansolabehere prosiguió, “aunque las desapariciones se asocian con dictaduras militares o gobiernos castrenses, no se creía que se dieran en naciones democráticas”, apuntó.
En México hay más de 112 mil personas desaparecidas y no localizadas desde 1964, que es el primer registro que se tiene. “No se trata de un problema marginal, sino estructural, porque hay 112 mil familias que buscan a sus seres queridos y lo que intentamos es identificar si hay cosas comunes entre las desapariciones de dictaduras y las de hoy”, explicó la experta en Ciencias Sociales.
Estudios realizados por el Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México y liderados por Ansolabehere, indican que entre los factores que facilitan este problema están la clandestinidad, considerar “desechable” a una parte de la población, que grupos criminales obtienen un beneficio económico y la fragmentación de las familias debido a procesos como la migración.
Aclaró que según el Registro, de 1960 a 1990 se contabilizaron 920 en esta condición, especialmente en Campeche y Baja California; de 1990 a 2006, 926, principalmente en Puebla y el Estado de México.
“No son un fenómeno nuevo en México, pero lo que sí observamos es que, a partir de 2007, las de mujeres se elevan, las de hombres son consistentes. Tenemos una curva ascendente con su pico más alto en 2014, después una meseta y una baja en 2021”, acotó.
El estudio de Ansolabehere también revela que quienes más padecen este flagelo son niñas de 10 a 14 años. Además de ser menores, son de sectores pobres o desventajados, es decir, tiene más probabilidad de que le suceda a una joven y pobre que a una adulta y de otro sector social, o joven de un grupo acomodado; esto plantea un importante desafío.
Se agrega el dolor de las familias que se organizan para buscarlas. Actualmente hay en México más de 100 grupos, colectivos que buscan en las entidades federativas, crean redes y brigadas nacionales, sus principales artífices son las madres, hermanas y esposas. De igual forma, se crearon nuevos marcos jurídicos, construyendo una nueva institucionalidad más allá de la fiscalía, que hasta 2017 solo buscaba a los culpables, no a la víctima, aseveró Karina Ansolabehere.
A su vez, la investigadora del PUED, Cristina Hernández Engrandes, destacó que el silencio es también una forma de hablar, porque las 120 mil personas ausentes tienen su contraparte o correlato en los gritos de las madres quienes buscan a sus hijos y toman las calles.
“No podemos pensar en el desarrollo o en el nuevo curso de desarrollo que queremos alcanzar, sin pensar en las inequidades de género que tienen su expresión extrema en las desapariciones, en la trata de personas, la explotación, los feminicidios; sin pensar que existen estructuras elementales de la violencia, que tiene que ver con esta cultura que nos hace no estar indignados, ni estar en las calles todos los días exigiendo que esta realidad es inaceptable”, explicó.
Hernández Engrandes expuso que uno de los grandes problemas es que buena parte de las desapariciones de ellas sucede porque el perpetrador las conoce y se aprovecha de eso; se habla de al menos cuatro mil 70 mujeres identificadas en México como víctimas de trata de personas, a partir de 2015.
“No puede haber nuevo curso de desarrollo, no se puede discutir la política monetaria, la infraestructura, las inversiones, no podemos discutir ningún tema mientras las desapariciones de mujeres y niñas pobres continúen siendo una realidad continua en este país”, enfatizó.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
