JUAN GARCÍA HEREDIA
No está perdida la batalla contra la reforma al Poder Judicial mexicano, pues la agrupación México Justo interpuso denuncias ante instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a derribar esa legislación y se prevé que el primer trimestre de 2025 haya una respuesta sobre el tema.
“La batalla no está perdida”, recalcó el presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora, al referirse a esa reforma constitucional aprobada hace días por legisladores de Morena y sus aliados, la cual entre otras cosas prevé elecciones de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025.
Esa reforma no es legítima a pesar de haber pasado los procesos legislativos, sobre todo porque viola principios de la propia Constitución, entre ellos el de progresividad (de los derechos humanos consagrado en el artículo 1) y el de tener un país democrático, de acuerdo con el dirigente, quien encabezó una conferencia de prensa este 14 de noviembre de 2024 en la capital mexicana.
Además, según el activista, no sería legítima la elección de jueces del 1 de junio de 2025, toda vez que «no va a ir ni siquiera el 5 por ciento de la población a elegir a los juzgadores”, por lo que los 13 mil millones de pesos que –se habla- invertirán en esos comicios “va a ser tirar el dinero”.
LAS DENUNCIAS Y RESPUESTA
En base a informes revelados en la rueda de prensa, México Justo presentó denuncias contra la reforma al Poder Judicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en las Relatorías para Pueblos Indígenas y para Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, ya que se presumen violaciones a estos sectores en el proceso para esa modificación constitucional.
La titular de la Secretaría Técnica de México Justo, Tania Reyes, dijo que estas denuncias ingresaron hace poco menos de un mes y ya han tenido la respuesta para reunirse e informar más de lo que está aconteciendo en este momento en México y cuáles son las dificultades para los pueblos indígenas y personas con discapacidad, a los cuales no se les consultó (sobre el tema de la reforma al Poder Judicial) “como constitucionalmente debió de haber sido”.
“Hemos tenido ya comunicación con las Relatorías que están relacionadas con las denuncias; hasta el momento ha habido bastante interés por parte de los relatores” , puntualizó en la reunión con periodistas efectuada en oficinas de México Justo en la capital nacional.
Al señalar que “la vulneración a estos grupos y obviamente a toda la ciudadanía, es algo que está llamando mucho la atención de los relatores”, Tania Reyes comentó que seguramente en el primer trimestre de 2025 “ya tendremos algunas respuesta de los relatores sobre las cartas que pueden enviar o los asuntos que pueden ellos llevar a otras instancias”.
