Ernesto Rivera Rodríguez
Las tres legislaturas locales morenistas 2018-21, 21-24, estas obradoristas y la actual 2024-27 LXIV Legislatura Local, ya en tiempos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y la LVIII y la actual LXIV en la administración de Evelyn Salgado Pineda, legislaturas morenistas han caminado bajo serios problemas de corrupción.
Se han significado hasta hoy por caminar sobre sus propios lodos de corrupción. Ni echarle la culpa al pasado. Ellos son el pasado y presente.
La diputada local «ignacista» y morenista Citlali Calixto Jiménez, expresidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXIII legislatura anterior local, se encuentra hoy entre la espada y la pared, luego de aceptar en entrevista, el haber emitido cheques sin fondo.
En su monento Citlali Calixto fue presentada ante los medios de comunicación como la cereza del pastel, algo inusitado, joven, preparada, y para salvar las denominadas «Acciones Afirmativas» se le preparó un currículum a modo.
La virtuosa joven presidenta de la Jucopo aprendió rápido a codearse con la cúpula del poder, a saborear las mieles del poder, pero no pudo ser «Anita de Montemar» porque ésta si se hundió en sus propias miasmas; firmar cheques sin fondo a más de 60 trabajadores de diferentes categorías del Congreso Local. Todo un delito.
Trató de buscar una salida «falsa» por ello, luego de no haber logrado repetir en la nueva legislatura, la LXIV, trabajó soterradamente para ello, ésta «agustiniana» le vendió su alma al diablo nuñista de Morena para formar un «tandem» como fuerza política para presionar. La ambición dio al traste con su sueño, pues no quisieron darse cuenta, que la Jucopo estaba sellada desde el momento que nombraron candidato por la vía plurinominal a la diputación local a Jesús Uriostegui. Su suerte estuvo sellada.
El hecho de haber firmado esos cheques sin fondo se catalogan como un delito de fraude, estipulado en el artículo 386 del Código Penal Federal, que establece claramente, que la emisión de cheques sin fondos es un delito, que se consuma en el mismo momento de la emisión, y la falta de pago es de por sí misma un delito.
En qué pensaba Citlali Calixto al firmar esos documentos. Sin duda en la seguridad de su ambición de continuar al frente de la Jucopo. Citlali firmó su futuro al incumplir las disposiciones establecidas en el Decreto número 680 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2024, particularmente en lo referente al capítulo II: Disciplina y Austeridad Presupuestarias.
Éstas y otras disposiciones obligaban a Calixto Jiménez como responsable de la Jucopo en su momento, incumplió lo que contribuyó a déficit superior a los 95 millones de pesos en el manejo de los recursos del Congreso.
Es obvio qué Citlali Calixto manejó los recursos financieros del Congreso como si fuera su «caja chica», que en realidad era enorme, y hoy corresponde a las autoridades mínimo una fuerte acción política y legal de separarla de su función como diputada, para seguirle de inmediato una acción penal por los delitos que correspondan.
Ojalá que por el bien de los lineamientos de su propio partido en el poder estatal, no la cubran por supuestos costos políticos, cuando los eventos legales han sido pisoteados.
En la foto: Citlali Calixto Jiménez
Foto: Congreso de Guerrero
