*“El uso de las fuerzas armadas para enfrentar la delincuencia puede resultar en violaciones a los derechos humanos, como el asesinato de civiles inocentes”
El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo fueron asesinados por militares al interior del Tecnológico de Monterrey, en Nuevo León, en un crimen que durante años estuvo marcado por la impunidad y las falsas versiones oficiales.
Hoy, 14 años después, la justicia parece haber dado un paso hacia la verdad. El 12 de diciembre de 2024, el Tribunal Colegiado de Apelación ratificó la sentencia de 90 años de prisión contra los cinco militares responsables del doble homicidio, quienes fueron condenados por homicidio calificado con agravante de ventaja.
Los estudiantes fueron asesinados la noche del 19 de marzo de 2010, cuando se encontraban en las instalaciones del Tec de Monterrey, después de haber sido golpeados y ejecutados por miembros del Ejército Mexicano.
Minutos antes del asesinato, militares y sicarios se habían enfrentado tras atender una denuncia sobre un presunto secuestro, pero los criminales escaparon y se dirigieron a las inmediaciones de la universidad. A las 00:38, Jorge y Javier, quienes habían salido a comprar comida, fueron brutalmente asesinados a balazos, con al menos seis y siete impactos de bala, respectivamente. Además de los disparos, ambos jóvenes fueron golpeados por los militares antes de ser ultimados.
Tras el crimen, el gobierno de Felipe Calderón inicialmente afirmó que los jóvenes estaban relacionados con el crimen organizado, pero luego cambió su versión a «daños colaterales». La evidencia demostró que los militares alteraron la escena, colocando armas junto a los cuerpos. Diversas instituciones, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), denunciaron obstrucción de la justicia, señalando que varias procuradurías impidieron el avance de la investigación y fomentaron la impunidad.
Si bien, este fallo es un paso importante hacia la justicia completa para las víctimas y sus familias, así como una respuesta a años de lucha contra la impunidad, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), sigue preocupada por la participación continua del Ejército en labores de seguridad pública en México, un tema que ha estado en la polémica, especialmente después de que la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador formalizara esta práctica en la Constitución Mexicana.
De hecho, el mismo expresidente, en 2019, reconoció oficialmente que los estudiantes fueron víctimas de una ejecución extrajudicial y ofreció una disculpa pública en nombre del Estado Mexicano por medio de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Por otro lado, al darse a conocer la sentencia de los militares responsables, la ONU-DH celebró la resolución, destacando que esta decisión es un reconocimiento explícito de que Jorge y Javier fueron víctimas de ejecución extrajudicial. El organismo internacional subrayó la importancia del Protocolo de Minnesota en la investigación de este tipo de casos.
El caso de los estudiantes del Tec de Monterrey es un claro ejemplo de los riesgos asociados con el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública.
El comisionado presidente de la CIDHPDA, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, advierte que el uso de las fuerzas armadas para enfrentar la delincuencia puede resultar en violaciones a los derechos humanos, como el asesinato de civiles inocentes, debido a la falta de formación y protocolos adecuados para el trato con la población civil.
Los abusos de autoridad infringidos por militares siguen siendo reportados a lo largo del país, y el riesgo de que se repitan hechos como el de Jorge Mercado y Javier Arredondo es latente mientras las fuerzas armadas sigan operando fuera de su ámbito natural de defensa nacional.
Según un informe de la Oficina de Washington en Latinoamérica (WOLA), entre abril del 2018 y marzo del 2023 se han abierto 3 mil 256 expedientes federales en las fiscalías estatales por presuntas torturas por parte de las fuerzas armadas y 2 mil 727 expedientes por tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.
Cabe recordar uno de los casos más recientes de abuso de autoridad, sucedió el pasado 20 de noviembre cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) agredieron físicamente a un grupo de civiles desarmados en la colonia Unión del Recuerdo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dando como resultado la muerte de uno de ellos.
La CIDHPDA insiste en implementar alternativas al uso del ejército, como fortalecer las instituciones civiles, como la Policía Federal y las policías locales, mediante una reforma integral que incluya capacitación, profesionalización y equipamiento adecuados.
Es fundamental que las fuerzas de seguridad sean entrenadas específicamente para proteger los derechos humanos y responder de manera proporcional y respetuosa ante situaciones de conflicto.
Además, una estrategia de seguridad basada en la prevención del delito, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el acceso a la justicia, con la participación de la sociedad civil y de organizaciones no gubernamentales, es crucial para evitar la militarización del país y garantizar la protección de los derechos de todos los ciudadanos.
La CIDHPDA expresa su solidaridad con las familias de Jorge y Javier, quienes durante más de una década han enfrentado un largo camino de dolor, injusticia y lucha por la verdad.
“Nos solidarizamos con las víctimas y sus seres queridos, reconociendo su valiente resistencia en la búsqueda de justicia frente a la impunidad y la alteración de los hechos. Este caso es un claro recordatorio de la necesidad de garantizar que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean sancionados y que las víctimas reciban reparación integral”, concluyó Gutiérrez Yáñez.
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