
La mañana de este viernes, Claudia Sheinbaum lanzó diversas acusaciones en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la ministra presidente Norma Piña Hernández.
Fueron tres las acusaciones que Sheinbaum Pardo realizó contra los ministros: Primero, señaló que han aceptado e interpuesto amparos para que los recursos de los fideicomisos judiciales no se reintegren a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Segundo, Sheinbaum Pardo acusó que la Corte interrumpió la selección de candidatos del comité de evaluación del Poder Judicial de la Federación.
Tercero, la presidente mencionó que los ministros «quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores» luego de que el Congreso aprobó recortes al presupuesto del Poder Judicial.
Ante ello, la SCJN dio puntual respuesta a cada acusación.
A continuación, reproducimos íntegra la respuesta de La Corte para cada una de las acusaciones:
En relación con lo manifestado por la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa este viernes 17, es pertinente aclarar lo siguiente:
1. Amparos para “evitar” la entrega de los Fideicomisos del PJF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación inició los trámites desde el 25 de septiembre con Nafin y Banobras con el objeto de extinguir los Fidecomisos en términos del mandato constitucional. Se hizo de conocimiento público, que el Pleno del Alto Tribunal aprobó que la Ministra Presidenta de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal ejecutara los actos necesarios conforme a sus atribuciones para entregar los recursos de los distintos fideicomisos a la TESOFE. Al respecto la Ministra Presidenta instruyó a las instituciones fiduciarias el entero de los recursos de los fidecomisos del PJF. El 10 de diciembre Banobras acreditó haber enterado los recursos del Fondo Jurica a la TESOFE.
Por el contrario, Nafin argumentó la existencia de suspensiones en juicios de amparo y, a la fecha, no ha atendido la solicitud de entrega de recursos; ha reiterado lo que a su juicio es una imposibilidad jurídica para hacerlo.
Por tal razón, y conforme a lo que la Secretaria de Gobernación y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal manifestaron, el incumplimiento al plazo establecido en la Constitución para la devolución de los recursos a la TESOFE obedece a una determinación única y exclusiva de Nafin.
2. Interrupción de trabajos del Comité de Evaluación. Por lo que hace a la problemática relacionada con la suspensión del proceso de selección de candidatos por parte del Comité de Evaluación del PJF, este determinó acatar las sentencias de juzgadores en términos del mandato legal y constitucional vigente. Cabe precisar que existen medios de impugnación para combatir las determinaciones que suspenden el proceso de elección en el PJF.
3. Ampliación presupuestal para la salvaguarda de derecho de los trabajadores. El 5 de diciembre comparecieron ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados representantes de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para exponer el impacto negativo que tendría una reducción presupuestal severa en el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, en particular, en términos del artículo décimo transitorio de la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial. No obstante, la Cámara de Diputados determinó efectuar recortes drásticos al presupuesto solicitado por el PJF. Por ello, en diciembre de 2024, la Ministra Presidenta planteó a la Secretaria de Gobernación analizar una posible ampliación presupuestal con el objetivo de no afectar derechos de los trabajadores del PJF.
Es importante señalar que la aprobación y ejercicio del presupuesto de La Cortey del CJF son procesos independientes uno del otro. Por ello las medidas de ajuste y posibles afectaciones en uno y otro órgano son distintas, lo que se explicó ampliamente y con detalle a la Secretaria de Gobernación y a la Consejera Jurídica. Derivado de ello, se acordó establecer una mesa de trabajo técnica con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Gobernación para analizar las implicaciones de los ajustes derivados del recorte presupuestal.
Cabe recordar que, incluso antes de presentar el proyecto de presupuesto, el Pleno de La Corte aprobó reducir en un 50 por ciento la remuneración de Ministras y Ministros, además de que se redujo la remuneración de 330 servidores públicos de alto nivel para adecuar sus remuneraciones a lo establecido en la Constitución; ello sin afectar al personal operativo, ni en sus remuneraciones, ni en sus prestaciones. Hasta aquí el comunicado.
Foto: Archivo (Ilustrativa)