* Gutiérrez Yáñez instó a que el Estado Mexicano dé la cara ante esta problemática que continúa creciendo mes a mes
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), exige la creación, urgente, de una Comisión de la Verdad para deliberar sobre las responsabilidades de todos los involucrados en hechos ocurridos en el Rancho Izaguirre, y la intervención de la Corte Penal Internacional para abordar los delitos de Lesa Humanidad.
Ante los terribles hallazgos en el Rancho Izaguirre, identificado como campo de entrenamiento del crimen organizado, dijo el organismo, en voz del comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez.
Gutiérrez Yáñez destacó la gravedad de estos crímenes y subrayó que el Estado Mexicano no puede permitir que se sigan dilatando las investigaciones. En sus declaraciones, mencionó que el Estado tiene la obligación de proteger la vida humana como un derecho fundamental, tal como se establece en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el derecho a la vida.
Además, recordó que los artículos 14 y 16 de la Constitución protegen la seguridad personal y deben garantizar que las personas puedan vivir en un entorno de paz.
El Comisionado Presidente también subrayó que la dilación en las investigaciones por parte de los Ministerios Públicos debe ser legislada y tipificada como una circunstancia que vulnera los derechos humanos, ya que contribuye a la impunidad y obstaculiza la justicia.
En este contexto, la CIDHPDA se suma a las familias de personas desaparecidas y a los colectivos de búsqueda que han alzado la voz contra el Plan Nacional de Prevención de Desapariciones anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los colectivos denuncian que este plan ignora la experiencia de las familias y no contempla la participación de quienes han estado en la búsqueda de desaparecidos. Señalan además que las propuestas del plan, como la creación de nuevas bases de datos forenses y plataformas de identificación, ya están contempladas en la ley pero no han sido implementadas debido a la falta de voluntad política.
Para que un plan nacional que pretenda resolver el problema de las desapariciones en México, la CIDHPDA enfatiza la necesidad de erradicar la impunidad e implementar un mecanismo de identificación forense con tecnología avanzada y promoviendo la rendición de cuentas por parte de las autoridades responsables.
Gutiérrez Yáñez instó a que el Estado Mexicano dé la cara ante esta problemática que continúa creciendo mes a mes y recalcó la necesidad de castigar la omisión de las autoridades en todos los niveles de gobierno, ya que en los últimos tres sexenios no se ha adoptado una estrategia clara para enfrentar la desaparición forzada.
El periodista Esteban David Rodríguez reveló que, en 2012, el terreno que actualmente alberga el Rancho Izaguirre fue adquirido bajo coacción a don Genaro Ramírez, su entonces propietario.
Las autoridades identificaron el rancho como un sitio de entrenamiento del crimen organizado desde 2017, a partir de los relatos de un sobreviviente. A pesar de la intervención de la Guardia Nacional en septiembre de 2024, que resultó en la detención de diez hombres armados con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, no se inició ninguna investigación por parte de la Fiscalía de Jalisco ni de la Fiscalía General de la República.
La gravedad de estos hallazgos y la falta de respuesta de las autoridades durante trece años son motivo de alarma. La Fiscalía de Jalisco, incluso después de los últimos descubrimientos en el Rancho Izaguirre, no ha ofrecido ningún informe, lo que implica una grave omisión de deberes y una posible complicidad con los crímenes cometidos.
Las omisiones y negligencia en las investigaciones de este caso han implicado al gobierno mexicano a lo largo de tres sexenios, desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. También hay que señalar a las autoridades estatales y locales, en especial, casos como el del alcalde de Teuchitlán, José Ascención Murguía Santiago, quien ha fungido en tres periodos como presidente municipal de esta demarcación desde que se construyó el Rancho Izaguirre, y en todo ese tiempo no supo de su existencia, alegando que “Teuchitlán es muy grande y es imposible conocer todo el municipio”.
La CIDHPDA reitera su exigencia de la creación inmediata de una Comisión de la Verdad para esclarecer las responsabilidades de todos los involucrados en estos crímenes.
De igual forma, solicita de forma urgente la intervención de la Corte Penal Internacional para juzgar los delitos de Lesa Humanidad cometidos en el Rancho Izaguirre y otras zonas afectadas por este tipo de violencia.
Foto de portada: Archivo
Foto interior: AP | Modificaciones: CIDHPDA
