“Es crucial que el Estado Mexicano se enfoque en crear programas para atender las necesidades que se presentan en la vejez y asegurar la protección contra distintos tipos de violencia”
El comisionado presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, a nombre de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), apoya la decisión de la ONU de redactar una convención sobre derechos de las personas mayores, ya que representa un gran avance en beneficio de un sector vulnerable que no tiene totalmente garantizado el goce y protección de sus garantías individuales en varias regiones de América Latina.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha creado un grupo de trabajo para redactar un tratado internacional sobre los derechos humanos de las personas mayores, un paso destacado en la lucha por proteger sus derechos.
Elena Sergi, de Amnistía Internacional, destacó que, aunque el número de personas mayores está aumentando, sus derechos aún se ignoran en muchos casos, y subrayó la urgencia de un marco legal que combata la discriminación por edad.
Los tratados internacionales existentes no abordan explícitamente la discriminación por razón de edad ni las obligaciones de los Estados hacia las personas mayores. Amnistía Internacional y otras organizaciones han denunciado abusos y han abogado por un tratado vinculante para mejorar la protección de los derechos de las personas mayores. Una convención específica de la ONU ayudará a definir y proteger estos derechos a nivel nacional.
El que las organizaciones internacionales le presten más atención a las problemáticas que enfrentan las y los adultos mayores podrá incentivar a los gobiernos a crear más políticas públicas para su bienestar, lo cual es de gran importancia para países como México, donde el 16% de las personas adultas mayores viven en situaciones de abandono y maltrato. A pesar de las leyes existentes que protegen los derechos de este grupo, como la Ley del Adulto Mayor, los datos muestran que el 82% de los adultos mayores vive en condiciones de pobreza y enfrentan altos niveles de discriminación.
Dado que la población de adultos mayores aumentará en los próximos años, es crucial que el Estado Mexicano se enfoque en crear programas para atender las necesidades que se presentan en la vejez y asegurar la protección contra distintos tipos de violencia. A pesar de las obligaciones legales de los hijos de cuidar de sus padres, muchas personas mayores son abandonadas y maltratadas, lo que las coloca en una situación de riesgo.
En América Latina han sucedido violaciones graves contra los derechos humanos de las personas adultas mayores, por ejemplo, los hechos violentos ocurridos el 12 de marzo durante las protestas de los jubilados en Argentina. En las manifestaciones frente al Congreso Nacional de Buenos Aires, la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los asistentes, dejando al menos 20 heridos y más de 100 arrestos.
Los jubilados pedían aumentos en sus pensiones y recuperar acceso gratuito a medicamentos, pues han sido gravemente afectados por las políticas de austeridad del gobierno, especialmente aquellos que reciben solo la pensión mínima, equivalente a unos 340 dólares al mes. La comunidad internacional debe condenar este tipo de acciones perpetradas por el gobierno en contra de la ciudadanía.
En el caso de México, recientemente ha llamado la atención el caso de Doña Carlota o la ‘Abuelita Sicaria’ como es conocida en redes sociales, una mujer que, tras presuntamente ser amedrentada por okupas que invadieron su propiedad, disparó en su contra, asesinando a dos de ellos.
Si bien las investigaciones en este caso siguen en desarrollo, la CIDHPDA destaca que en México aún hace falta más acciones para garantizar la vivienda a adultos mayores y ofrecerles apoyo legal en caso de que sean víctima de estafas, extorsión, robo o despojo de su propiedad privada. Las personas adultas mayores son el sector más vulnerable en el ámbito financiero en el país, pues es el sector que representa el 32.1% de las quejas a nivel nacional ante la Condusef, organismo público que protege a los usuarios de servicios financieros.
La CIDHPDA demanda al Estado Mexicano la aplicación de leyes más rígidas para proteger los derechos humanos de las personas adultas mayores, pues es inadmisible que se vean obligados a poner en peligro su integridad, e incluso su libertad, para proteger sus bienes debido a la omisión de las autoridades, quienes no dan atención inmediata y eficaz para las víctimas.
Foto: Amnistía Internacional | Modificaciones: CIDHPDA
