Internacional

El Estado de Derecho en la UE sigue en peligro, afirman eurodiputados

• Las amenazas al Estado de Derecho y a todos los valores europeos persisten o se agravan

• Evaluación exhaustiva por parte de los eurodiputados y propuestas concretas en todos los ámbitos

El proyecto de evaluación del Parlamento sobre el Informe sobre el Estado de Derecho de 2024 de la Comisión presenta un panorama preocupante sobre el estado de los valores europeos. 

El informe, aprobado por la Comisión de Libertades Civiles con 50 votos a favor, 18 en contra y cuatro abstenciones, hace balance del Informe sobre el Estado de Derecho de 2024 de la Comisión, así como de la evolución de la situación en los Estados miembros. 

Los eurodiputados reclaman una aplicación más firme y coherente de los principios democráticos tanto por parte de los Estados miembros como de la Comisión. Para evitar retrocesos, solicitan un conjunto de herramientas cada vez más completo, complementado con un mecanismo de condicionalidad inteligente para garantizar que la suspensión de los fondos de la Unión Europea (UE) no se utilice indebidamente en contra de la sociedad civil y las autoridades locales. Reiteran su petición de un mecanismo integral para proteger y hacer cumplir los valores de la UE en su totalidad, a la vez que proponen mejoras metodológicas para el ejercicio anual de la Comisión.

Tendencias preocupantes y problemas persistentes

Entre los acontecimientos preocupantes identificados este año, los eurodiputados señalan las restricciones al derecho de reunión y la rápida reducción del espacio cívico. Subrayan la necesidad de sistemas judiciales independientes y eficaces con personal altamente cualificado, y subrayan la importancia de evaluar las reformas en curso en los Estados miembros, al tiempo que condenan la injerencia en las investigaciones de corrupción y el uso indebido de los sistemas judiciales con fines políticos. 

Los eurodiputados piden una mayor protección de los grupos vulnerables contra la discriminación, incluyendo legislación a nivel de la UE que penalice los delitos de odio y la incitación al odio. También destacan la obligación de defender el orden jurídico internacional y aplicar las sentencias judiciales vinculantes: los Estados miembros deben garantizar el acceso de los jueces nacionales al Tribunal de Justicia de la UE, aplicar plenamente su jurisprudencia y hacer cumplir las órdenes de la Corte Penal Internacional.

El informe plantea además: la necesidad de medidas anticorrupción más sólidas a todos los niveles; un llamamiento a una mayor transparencia en la representación de intereses, incluyendo registros obligatorios nuevos o mejorados y mecanismos de huella legislativa; las amenazas a la libertad de prensa y el pluralismo, especialmente las SLAPP y el software espía; la difusión de desinformación que socava la democracia; las amenazas persistentes y nuevas a la igualdad de los grupos vulnerables (especialmente las medidas discriminatorias contra las personas LGBTIQ+) y la intención de la Comisión de retirar la Directiva horizontal sobre igualdad de trato; la necesidad de que el acceso al aborto legal y seguro se consagre en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE; el auge del extremismo, las amenazas a los procesos electorales y el uso de la tecnología para restringir los derechos democráticos; y el deterioro de la situación en Hungría.

Los eurodiputados también piden un mandato más sólido para la Fiscalía Europea e instan a la Comisión a aplicar con mayor prontitud los mecanismos de condicionalidad.

Declaración del ponente

La ponente, Ana Catarina Mendes (S&D, Portugal), comentó: “Para que la Unión cumpla su promesa de libertad y derechos fundamentales en el marco del Estado de Derecho para todas las personas que viven en Europa, necesitamos reforzar nuestra capacidad de supervisar y actuar ante los retrocesos en el Estado de Derecho y en todos los valores europeos. 

Sin embargo, observamos que algunas fuerzas políticas están dispuestas a renegar de estos valores para obtener beneficios políticos a corto plazo, socavando no solo los derechos fundamentales de los grupos vulnerables, sino también los mecanismos del Estado de Derecho que los protegen y sustentan a todas nuestras sociedades. Es hora de que actuemos con responsabilidad y en consonancia con nuestras tradiciones democráticas más preciadas, porque cada vez es más evidente que todo está en juego”.

Próximos pasos

Se espera que el informe se debata y vote en la sesión plenaria del 16 al 19 de junio en Estrasburgo, en previsión del próximo Informe sobre el Estado de Derecho de 2025 de la Comisión.

En la foto: Ana Catarina Mendes, del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo

Foto: Cortesía

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