CHILPANCINGO, Gro. * 29 de mayo 2025.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local, Joaquín Jacko Badillo Escamilla, informó que la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, podría enfrentar una nueva demanda de “revocación de mandato” por “negarse a comprobar 898 millones de pesos ante la Auditoría General del Estado (ASE), que utilizó en 2023” para obra pública.
Aclaró que lo anterior derivará de las conclusiones a las que llegue el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero y la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en base al procedimiento jurisdiccional y la denuncia, respectivamente, que el órgano de fiscalización promovió y presentó ante esas instancias de gobierno.
El legislador por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al que también pertenece la alcaldesa de Acapulco, señaló que por su cuenta la comisión que encabeza iniciará también un procedimiento que estará sustentado en lo que en su momento resuelva la Fiscalía y el Tribunal, que en su oportunidad será presentada al pleno de diputados.
Para el legislador “no hay justificación alguna para que la presidenta municipal de Acapulco se niegue a presentar documentos requeridos por la ASE, para auditar la obra pública que el gobierno municipal realizó en 2023”, en el entendido de que “todos los ayuntamientos, el Gobierno del Estado y otros entes que manejan recursos públicos, están obligados a rendir cuentas, independientemente de que los recursos que ejercieron hayan sido federales, estatales o municipales”.
Badillo Escamilla aclaró que “constitucionalmente”, y con base a un convenio de colaboración firmado con la Auditoría Superior de la Federación, “la Auditoría Superior Guerrerotiene facultades para fiscalizar y auditar recursos federales que reciben los ayuntamientos y el propio Gobierno del Estado de Guerrero”, por lo que “su función no se limita a revisar solo el gasto efectuado con recursos estatales o municipales”.
Además, dijo —con dedicatoria para la presidenta municipal de Acapulco— que “más del 97 por ciento de los recursos económicos que ejercen el Gobiernoo del Estado y los 85 municipios corresponden a transferencias que hace la Federación”, es decir, “se trata de recursos federales”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronunció “en contra de que se politice la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos”, porque “los servidores públicos tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones”, y una de éstas “es la rendición de cuentas y la transparencia”.
Recordó que en 2022, el ayuntamiento de Acapulco sí proporcionó a la Auditoría estatal documentación para subsanar observaciones por un monto de 700 millones de pesos que se hicieron a la cuenta pública de ese año, pero curiosamente la presidenta municipal “se niega hoy hacer lo mismo para comprobar los 898 millones de pesos observados en la cuenta pública de 2023, “bajo el argumento de que la ASE no tiene facultades para auditar al gobierno municipal”.
“En Guerrero los tres poderes públicos, los 85 ayuntamientos, y otros entes que manejan recursos públicos federales, estatales o municipales, son auditados por la Auditoría estatal, incluyendo al gobierno municipal de Acapulco”.
Por ende, el legislador avalo que “el titular de la Auditoría Superior del Estado proceda contra la presidenta municipal de Acapulco Abelina López como lo marca la ley, no como se lo marque o dicte alguien”.
“Como militantes de Morena, dijo, es lamentable que una alcaldesa militante del mismo partido pretenda polemizar un asunto técnico profesional de rendición de cuentas y pretenda llevar ese tema a una polarización política, con la amenaza de realizar una marcha en Acapulco para defenderse de una supuesta persecución”.
Joaquín Badillo aclaró, además, que ha sido “histórico que la Auditoría Superior del Estado tenga facultades para fiscalizar recursos federales que ejercen los gobiernos municipales y del estado”.
Añadio que todo parece indicar que “en 2022 la presidenta municipal tuvo asesores más honestos, al presentar documentación para comprobar las observaciones que derivaron de la cuenta pública de ese año”.
Preciso que “el auditor superior del estado Marco César Peralta Hidalgo, está facultado para promover un juicio de revocación de mandato en contra de la presidenta municipal de Acapulco”, en base a la “resolución que en su momento emitirá el Tribunal de Justicia Administrativa de un procedimiento que promovió la ASE”, y a “los resultados de las investigaciones que realice la Fiscalía General del Estado a la que, con seguridad el órgano de fiscalización, dará vista del incumplimiento”.
Por último, Badillo que no entiende “por qué Abelina López se niega a comprobar ante la ASE los casi 900 millones de pesos que en 2023 le asignaron para obra pública en el municipio de Acapulco, considerando que el órgano de fiscalización del Congreso sí tiene facultades para auditar los recursos federales que recibe el ayuntamiento de Acapulco”. Publicado por Ángel Blanco de Acapulco Press
Servidores públicos obligados a rendir cuentas: Dip. Luissana
) Acapulco Press
CHILPANCINGO, Gro. 29 de mayo 2025.- La rendición de cuentas es una obligación institucional para todos los servidores que administran recursos públicos, es una responsabilidad no privativa de una sola persona, sino de todos aquellos que reciben y manejan dinero de los contribuyentes o partidas presupuestales estatales o federales en los ayuntamientos que presiden.
De esta manera despejó la diputada en la LXIV Legislatura del Congreso de Guerrero, Luissana Ramos Pineda las declaraciones de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, que se presume perseguida política por los requerimientos fiscales que le hace la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE).
«La revisión es un proceso previsto y programado con anticipación; se trata de una obligación institucional y una demanda de transparencia ciudadana».
«La auditoría detectó observaciones por cerca de 900 millones de pesos en el Ayuntamiento de Acapulco», de allí el requerimiento para que transparente el uso de esos recursos, agregó la diputada local.
«Todos los funcionarios están obligados a rendir cuentas, especialmente cuando se manejan recursos públicos».
La rendición de cuentas es «la obligación que tienen las autoridades y funcionarios públicos de informar, explicar y justificar sus acciones y decisiones ante la ciudadanía, así como el uso de los recursos públicos. Es un proceso fundamental para la transparencia y el control social, ya que permite a los ciudadanos evaluar el desempeño de sus representantes y exigirles responsabilidad por sus actos».
Además, es es uno de los principales compromisos que se adquieren con la sociedad cuando se toma protesta para un cargo público.
Finalizó comentando que la Auditoría deberá actuar conforme a la ley por no ser trasparente con recurso público y se deberá seguir los procedimientos, no es ningún tema político, todo conforme a la Ley.
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