Las redadas migratorias masivas ocurridas el fin de semana en Los Ángeles, California, constituyen un operativo sin precedentes que “va directo al corazón del problema: mostrar que el presidente Trump tiene el carácter para implementar medidas de control absoluto sobre la migración irregular”, advierte Silvia Núñez García, especialista en migración del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM.
Desde su experiencia como exdirectora de la sede universitaria en Los Ángeles, Núñez afirma que la militarización de estas acciones, así como la permanencia de dos mil elementos de la Guardia Nacional durante un periodo anunciado de 30 días, “es verdaderamente inédita en la historia reciente de Estados Unidos”.
A su juicio, el mensaje no se limita a California: “Si protegen a los migrantes, pueden enfrentarse a consecuencias semejantes”, señala. La dimensión demográfica del estado, con más de 10 millones de inmigrantes y 1.8 millones de personas en situación irregular, convierte a este territorio en un símbolo clave para las políticas de control migratorio.
Comunidades paralizadas por el miedo
El viernes 6 y sábado 7 de junio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en coordinación con otras agencias federales, ejecutaron operativos en zonas de alta densidad latina, incluyendo centros de trabajo, escuelas y espacios comunitarios. El cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González Gutiérrez, confirmó la detención de al menos 44 personas, 11 de ellas mexicanas. Organizaciones civiles estiman que la cifra real podría ser más alta.
“La dimensión psicosocial es descomunal”, alerta Núñez. “Muchas comunidades están paralizadas por el miedo. Hay quienes piensan en regresar a México, mientras otros tratan de resistir bajo una presión constante”, dijo.
Aunque el consulado mexicano activó líneas de emergencia y reforzó la asesoría jurídica, la académica reconoce que los desafíos son enormes ante la magnitud del fenómeno. Subraya la urgencia de una respuesta coordinada entre autoridades, redes civiles y comunidad migrante para ofrecer protección efectiva.
“No basta con escribir desde el cubículo”
Desde la mirada universitaria, explica Núñez, las redadas deben analizarse como parte de un fenómeno más amplio de migración forzada: “Nos pesa enormemente la indefensión de familias enteras que están padeciendo la detención de alguno de sus miembros sin saber qué ocurrirá con ellos”.
Por ello, sostiene que es urgente articular una agenda binacional desde la academia y la sociedad civil, que no dependa exclusivamente de los gobiernos. “No basta con escribir desde el cubículo. Necesitamos más trabajo de campo, más alianzas estratégicas con universidades de California y una agenda que tenga impacto directo en la protección de derechos”.
Desde la UNAM, diversos programas como el Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) y la iniciativa Acción Migrante han documentado los efectos de la migración forzada y desarrollado estrategias de acompañamiento académico, jurídico y comunitario para las poblaciones en situación de movilidad.
Foto: UNAM
