* La suficiencia presupuestal es indispensable, pero también lo es la responsabilidad de las universidades de transparentar recursos y cerrar espacios a la corrupción
* La precariedad educativa ya no es falla: es política pública
La crisis financiera que enfrentan las universidades públicas estatales en México ha dejado de ser un problema coyuntural o de gestión administrativa para convertirse en una señal inequívoca del agotamiento del modelo de financiamiento de la educación superior, advirtió Dialoga Mx, centro de pensamiento especializado en análisis e incidencia en políticas públicas.
Al cierre de 2025, al menos siete universidades públicas estatales no cuentan con recursos suficientes para cumplir obligaciones laborales básicas, como el pago de aguinaldos, de acuerdo con información documentada por medios nacionales con base en datos de la ANUIES.
Para Dialoga Mx, este escenario revela una falla profunda del Estado mexicano para garantizar condiciones mínimas de operación en instituciones que cumplen una función estratégica para el desarrollo social, económico y cultural del país. En uno de los casos reportados, una universidad del noroeste requiere alrededor de 920 millones de pesos únicamente para cubrir esta prestación, lo que da cuenta de la magnitud del problema.
El análisis de Dialoga Mx subraya que estas dificultades no son nuevas ni excepcionales. La ANUIES ha señalado de manera reiterada que el déficit financiero acumulado de las instituciones públicas de educación superior supera los 50 mil 400 millones de pesos, como resultado de años de insuficiencia presupuestal, crecimiento de matrícula sin respaldo financiero proporcional, presiones salariales no reconocidas y pasivos laborales —especialmente en materia de pensiones y jubilaciones— que han sido postergados de manera sistemática.
Este panorama se agrava con la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026. Aunque el discurso oficial ha caracterizado este presupuesto como “histórico” para la educación, diversos análisis independientes coinciden en que los incrementos aprobados son fundamentalmente nominales y no compensan la inflación ni el rezago acumulado en educación superior. Para Dialoga Mx, las reasignaciones por 18 mil millones de pesos y la lógica de contención del gasto mantienen intactas las condiciones estructurales que han llevado a las universidades públicas estatales a una crisis recurrente de liquidez.
Desde el Observatorio del Presupuesto Educativo del IISUE-UNAM se ha advertido que el gasto federal en educación superior ha perdido peso relativo dentro del presupuesto público, consolidando una tendencia de varios años en la que este nivel educativo no es priorizado en términos reales.
Esta pérdida de centralidad presupuestal se traduce en precarización de la planta académica, debilitamiento de la investigación y deterioro de la infraestructura universitaria, elementos que limitan la capacidad de las instituciones para responder a las demandas sociales y productivas del país.
En el caso de las universidades públicas estatales, el escenario es aún más preocupante. El incremento presupuestal previsto para este subsistema en 2026 ronda apenas el 1.8%, muy por debajo de la inflación esperada, lo que implica en los hechos un recorte real. Dialoga Mx advierte que, bajo estas condiciones, las crisis de cierre de año dejarán de ser excepcionales y se normalizarán como parte del funcionamiento ordinario del sistema, vulnerando el derecho a la educación superior.
A ello se suma el incumplimiento sistemático de los gobiernos estatales en la transferencia de recursos comprometidos. De acuerdo con información periodística, 15 entidades federativas adeudan a sus universidades públicas estatales más de 10 mil millones de pesos, con casos en los que los adeudos superan el 30% del subsidio estatal ordinario, convirtiendo al financiamiento concurrente en una ficción administrativa más que en una realidad operativa.
Para Dialoga Mx, los señalamientos de mala gestión, aunque deben atenderse, no pueden utilizarse como coartada para el abandono presupuestal. Exigir eficiencia sin garantizar suficiencia resulta no solo contradictorio, sino irresponsable, especialmente en un sistema profundamente desigual, donde la mayoría de las universidades opera con presupuestos rígidos, altamente comprometidos al gasto en servicios personales y con escaso margen para inversión, innovación o planeación estratégica de mediano plazo.
Desde una perspectiva de política pública, Dialoga Mx sostiene que resulta insostenible seguir administrando la educación superior mediante rescates de última hora, mesas de emergencia y negociaciones coyunturales cada cierre de año. La crisis financiera de las universidades públicas estatales no es un accidente: es el resultado directo de un diseño institucional que ha normalizado la insuficiencia presupuestal, ha tolerado el incumplimiento estatal y ha postergado indefinidamente la atención de los pasivos estructurales.
Garantizar el derecho a la educación superior exige un rediseño profundo del modelo de financiamiento que asegure suficiencia presupuestal real, corresponsabilidad efectiva entre federación y estados, reconocimiento explícito de los compromisos laborales y mecanismos de transparencia que no se utilicen como pretexto para la asfixia financiera. Mientras esto no ocurra, cada diciembre seguirá confirmando una verdad incómoda: no hay presupuesto histórico que compense un sistema construido sobre la precariedad.
Foto e información: noticias@agenciamn.com.mx
