Mientras el discurso oficial presume avances en salud pública, el consumo de alcohol en México sigue cobrando una factura devastadora: 40 mil muertes anuales y 552 mil millones de pesos en costos sociales, equivalentes al 2.1% del PIB.
Así lo advirtieron organizaciones civiles durante la presentación de la ENCODAT 2025, donde dejaron claro que las reducciones registradas frente a 2016 son marginales ante la magnitud del daño.
De acuerdo con datos expuestos por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública, el 33% de la población adulta reportó al menos un episodio de consumo excesivo. En adolescentes, la prevalencia alcanza 33.9%, prácticamente sin diferencia entre hombres (36.6%) y mujeres (31.1%), un dato que desmonta la narrativa de que el problema se concentra en un solo sector.
Más aún, el consumo “alguna vez en la vida” en mujeres pasó de 67.3% en 2016 a 75.4% en 2025. Es decir, lejos de contenerse, el mercado crece y se feminiza.
El director de Salud Justa MX, Erick Antonio Ochoa, fue directo: el alcohol no solo implica muertes y costos económicos, sino que está asociado con al menos siete tipos de cáncer —mama, hígado, colon, esófago y cavidad oral, entre otros— según la Organización Mundial de la Salud y la American Cancer Society.
El señalamiento no es menor. México mantiene impuestos bajos a bebidas alcohólicas en comparación con estándares internacionales, publicidad prácticamente omnipresente y una regulación laxa en puntos de venta.
Desde la Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) insistieron en que la evidencia internacional es contundente: aumentar impuestos, limitar horarios y licencias, restringir publicidad y fortalecer el etiquetado con advertencias sanitarias reduce consumo y daños asociados.
Pero hay otro dato que revela la omisión estructural: solo 13.5% de las personas con dependencia al alcohol buscó tratamiento en el último año. El sistema de salud no alcanza —o no prioriza— una problemática que representa miles de muertes evitables.
Las organizaciones fueron claras: no se trata de prohibir, sino de regular con base en evidencia científica y proteger a la población, particularmente a jóvenes y mujeres, frente a una industria que amplía su mercado mientras el Estado titubea.
