Claudia Bolaños
Sepa La Bola
La tensión que se vivió en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sorprendió por más de una razón. No sólo porque la Secretaría Ejecutiva informó la recepción de documentación remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, sino porque algunas consejerías cuestionaron incluso su presencia durante la sesión.
Llamó la atención el reclamo. El Reglamento de Comisiones es claro al facultar a la presidencia de una comisión para invitar a personas servidoras públicas del Instituto cuando resulte necesario para el desahogo de los asuntos del orden del día.
No era una excepción ni una innovación. Ha ocurrido en otras ocasiones sin que nadie hubiera objetado la participación de la Secretaría Ejecutiva.
Pero el debate se volvió aún más revelador cuando alguna consejería sostuvo que la notificación de la UIF había llegado fuera de tiempo. La pregunta es inevitable: ¿qué autoridad responsable podría decidir no tomar en consideración una comunicación oficial de una instancia del Estado mexicano cuando está por resolver el nacimiento de nuevos partidos políticos?
Hoy las exigencias sobre los árbitros electorales son muy distintas a las de hace una década. Ya no basta revisar afiliaciones, asambleas y requisitos documentales. También existe una expectativa legítima de máxima diligencia frente a cualquier información institucional que pudiera advertir posibles riesgos de financiamiento ilícito, opacidad en el origen de los recursos o cualquier otro elemento relevante para preservar la integridad del sistema de partidos.
El INE presidido por Guadalupe Taddei optó por el único camino institucionalmente defendible: incorporar la información al análisis, respetar la reserva legal y permitir que las consejerías resolvieran con todos los elementos disponibles. Eso no prejuzga ni condena a nadie; simplemente acredita que la autoridad decidió no cerrar los ojos frente a información proveniente de otra autoridad del Estado.
Hay, además, una dimensión que rebasa el debate interno del Consejo General. México se encuentra sujeto a un escrutinio cada vez mayor sobre la solidez de sus mecanismos de prevención de recursos de procedencia ilícita, transparencia financiera y combate a las estructuras económicas del crimen organizado. En ese contexto, la actuación de sus instituciones también envía mensajes. Un INE que ignora una comunicación oficial habría proyectado una señal de indiferencia institucional. Un INE que la procesa conforme a derecho fortalece la credibilidad del sistema electoral y, con ello, la confianza en las instituciones del Estado mexicano.
Y Sepa la Bola… pero Marco Antonio de Jesús Reyes Saldívar, vinculado a servicios de limpieza, conocido Zar de la Limpieza, aparece en el centro de señalamientos por contratos irregulares y empresas fantasma.
La Unidad de Inteligencia Financiera, de Omar Reyes Colmenares, revisa una posible triangulación de recursos entre empresas como Ocram Seyer S.A. de C.V., FUXCEM S.A. de C.V. y Wilk, S. de R.L. de C.V. En esa ruta también aparece Ublester Solorio, “El Chakita”, señalado como facturero por servicios de limpieza.
El modelo incluye crear razones sociales, simular competencia, ganar licitaciones, recibir recursos públicos y después alegar insolvencia para no cubrir salarios ni prestaciones.
Esa operación se vincula con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados de Mantenimiento, Conservación, Limpieza, Seguridad y Servicios en General, Similares y Conexos de la República Mexicana, organización señalada por abusos contra trabajadores de limpieza.
Desde 2022, Raquel Buenrostro, entonces titular del SAT, había señalado prácticas como subregistro ante el IMSS, falta de prestaciones y pagos por debajo del salario mínimo.
