Por Antonio de Marcelo
Hay una escena que se repite cada vez con mayor frecuencia en la política contemporánea: un gobernante toma su teléfono, abre X y responde directamente a los periodistas.
Sin intermediarios.
Sin conferencia de prensa.
Sin necesidad de esperar la edición del periódico, el noticiario de televisión o la portada del día siguiente.
Donald Trump conoce perfectamente ese terreno.
Su enfrentamiento con CNN ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de Trump y de CNN:
¿Cómo debe reaccionar una prensa libre cuando el poder político decide confrontarla directamente?
La respuesta de una democracia no puede ser que los periodistas sean intocables.
Los medios también se equivocan. Pueden tener posiciones editoriales, pueden interpretar de manera distinta los hechos y, desde luego, deben responder cuando publican información falsa.
Pero tampoco puede ser que el poder político tenga la facultad de decidir qué medio merece informar de cerca y cuál debe quedar fuera simplemente porque su cobertura resulta incómoda.
Ahí está el verdadero problema.
En los mensajes difundidos en X, Trump ha acusado a determinados medios de publicar información falsa y de ofrecer una cobertura negativa de su administración. La Casa Blanca, al mismo tiempo, ha decidido fortalecer sus propios canales de comunicación y lanzó Trump TV, una transmisión permanente con discursos, anuncios y contenidos de la administración.
Y aquí aparece una frontera que conviene no perder de vista.
Un gobierno tiene todo el derecho de informar directamente a los ciudadanos.
Puede transmitir sus conferencias. Puede publicar documentos. Puede difundir videos. Puede utilizar redes sociales. Puede explicar sus decisiones sin depender de ningún periodista.
Lo que no debería desaparecer en una democracia es la otra parte de la ecuación:
la pregunta.
Porque un mensaje oficial explica lo que el gobierno quiere comunicar.
El periodista pregunta lo que el gobierno quizá preferiría no responder.
Esa diferencia parece pequeña, pero es enorme.
Por eso resulta interesante observar cómo están respondiendo los medios estadounidenses.
CNN, MS NOW y Politico llevaron la disputa al terreno institucional y jurídico. Y otros grandes medios decidieron no sustituir a CNN en una de las coberturas que tenía asignadas.
No estamos ante una defensa automática de CNN.
Estamos ante algo más importante: la discusión sobre las reglas del juego.
Una democracia no necesita que todos los periodistas piensen igual.
De hecho, sería preocupante que así fuera.
Necesita diversidad de medios, diversidad de opiniones y, sobre todo, la posibilidad de que el ciudadano pueda comparar lo que dice el gobierno con lo que investigan los periodistas.
Trump puede cuestionar a CNN.
CNN puede cuestionar a Trump.
El gobierno puede responder a una nota.
El medio puede publicar la respuesta.
Y si existe una disputa jurídica, existen tribunales.
Ese es el mecanismo democrático.
Lo que no debería ocurrir es que la discusión termine reducida a una pregunta de lealtades:
¿estás con Trump o estás con CNN?
Porque esa es precisamente la trampa.
El ciudadano no tendría que escoger entre el gobierno y un medio de comunicación.
Tiene derecho a escuchar a los dos y sacar sus propias conclusiones.
La democracia estadounidense ha construido durante décadas un sistema de contrapesos precisamente porque ningún actor debe tener el monopolio de la verdad.
Ni la Casa Blanca.
Ni CNN.
Ni Fox.
Ni ningún periódico.
Ni las redes sociales.
Todos pueden informar, investigar, cuestionar y equivocarse.
Pero ninguno debería convertirse en el único árbitro de la realidad.
Y aquí hay una lección que también nos alcanza en México.
Cuando un gobernante se enfrenta públicamente con un medio, la discusión suele convertirse rápidamente en una pelea de simpatías.
Unos defienden al gobernante.
Otros defienden al periodista.
Y se pierde de vista lo fundamental:
¿Puede la prensa seguir preguntando?
Esa debería ser la pregunta.
Porque la libertad de prensa no consiste en garantizar que un periodista siempre tenga razón.
Consiste en garantizar que pueda preguntar, investigar, publicar y equivocarse sin que el poder tenga la capacidad de apagar su voz mediante el control de los espacios institucionales.
Trump y CNN pueden seguir peleando en X.
Pueden intercambiar acusaciones.
Pueden responderse publicación tras publicación.
Eso forma parte de la libertad de expresión.
Pero una democracia se mide precisamente cuando el conflicto llega al límite.
Cuando el poder se siente incómodo.
Cuando la prensa cuestiona.
Cuando el gobierno responde.
Y cuando, a pesar de todo eso, ninguno consigue quedarse con la última palabra.
Porque la última palabra, en una democracia, no debería pertenecer ni a Trump ni a CNN.
Debe pertenecer al ciudadano que tiene acceso a ambas versiones y puede decidir por sí mismo.
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