El costo financiero de la deuda se ha convertido en el punto ciego de la estabilidad en 2026 equivale al mismo 4.1 % del PIB lo que implica que el país gasta tanto en pagar intereses como en invertir
La Ley de Ingresos 2026 llega con un mensaje claro: México conserva la estabilidad, pero enfrenta una presión fiscal creciente. Tras un 2025 marcado por el déficit más alto en una década, el nuevo paquete económico busca mantener la confianza sin comprometer el equilibrio, aunque lo hace con un margen cada vez más estrecho para maniobrar.
A continuación el análisis completo de Sofia Gonzalez Torres, experta en Proceso Legislativo, Vinculación Gubernamental e Impacto Social.
A primera vista, los números parecen dar certidumbre. La Secretaría de Hacienda proyecta ingresos por 8.7 billones de pesos, 4.6 % más que el año anterior, y un déficit que baja de 4.3 % a 4.1 % del PIB. Sin embargo, detrás de esa corrección hay un hecho relevante: hoy catorce de cada cien pesos del presupuesto provienen de deuda, cuando en 2025 eran trece. La estabilidad se sostiene, pero a un costo financiero mayor.
Ante este panorama, se mantiene la apuesta por una estrategia fiscal prudente, aunque nuevamente sin emprender una reforma de fondo. Se privilegia la eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión, sin ampliar la base de contribuyentes ni revisar regímenes especiales. Frente a 2025, los ingresos crecen por el aumento en impuestos especiales, ajustes aduaneros y retenciones digitales, pero el modelo sigue apoyándose en los mismos sectores formales. Es una política de control más que de transformación.
En materia de gasto público, la lógica se repite. La inversión aumenta 21 %, pero se concentra nuevamente en energía, transporte y proyectos prioritarios. Pemex y la CFE continúan absorbiendo transferencias, mientras que salud, educación y medio ambiente permanecen rezagados. El presupuesto en salud crece 5.9 %, pero apenas llega a 2.6 % del PIB, muy por debajo del estándar recomendado por la OMS. En contraste, la inversión ambiental se reduce 4 %, lo que debilita la capacidad institucional en temas de conservación y vigilancia.
Como resultado, el costo financiero de la deuda se ha convertido en el punto ciego de la estabilidad. En 2026 equivale al mismo 4.1 % del PIB, lo que implica que el país gasta tanto en pagar intereses como en invertir.
Además, el espacio fiscal se reduce a 1.7 % del PIB, cuando en 2018 era cercano a 5 %. Cada año queda menos margen para atender nuevas prioridades o responder a emergencias económicas.
Todo ello confirma una tendencia: la estabilidad se mantiene, pero con menor flexibilidad y una creciente dependencia del endeudamiento. En el corto plazo, la prudencia fiscal garantiza confianza y continuidad institucional; en el mediano, la falta de reformas limita el crecimiento, la productividad y la capacidad de respuesta ante un entorno global incierto.
En este contexto, la Ley de Ingresos 2026 adquiere un significado particular. No se trata de un paquete heredado, sino del primer ejercicio fiscal plenamente definido bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.
Su diseño busca consolidar la confianza y mantener la estabilidad, pero también enfrenta los límites de una estructura fiscal rígida y de un espacio presupuestal cada vez más acotado.
La disciplina fiscal seguirá siendo necesaria, aunque su eficacia dependerá de la capacidad para traducirla en desarrollo tangible. México necesita pasar de administrar el equilibrio a usarlo como base para su siguiente etapa de crecimiento.
Foto: Archivo (Ilustrativo)
