Por Ricardo Burgos Orozco
Utilizada muy a menudo para criticar la desigualdad que todavía existe en México, la frase A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos la ley a secas se le atribuye al Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, pero no hay evidencia documental de que lo haya dicho en alguna ocasión.
Sin embargo, en la realidad nacional y en la corta historia del gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional o Morena – llegaron al poder apenas en 2018 – contradicen a cada momento aquella muchas veces repetida declaración de que no son iguales que los regímenes anteriores del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, al que llaman periodo neoliberal, pero se les debe aplicar más, penosamente, la frase atribuida a Benito Juárez, sobre todo en los acontecimientos recientes.
Sucede con el caso reciente de los políticos y exfuncionarios del estado de Sinaloa acusados por la Fiscalía General para el Distrito Sur de Nueva York, por sus presuntas conexiones con el Cártel de Sinaloa para facilitar el transporte de droga hacia Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. La autoridad norteamericana exige su extradición inmediata. De ser culpables, enfrentan una condena mínima de 40 años de prisión en alguna cárcel de territorio norteamericano.
Los implicados son: el gobernador de Sinaloa con licencia – la solicitó apenas el viernes 1 de mayo con mucha premura –, Rubén Rocha Moya; el senador por ese mismo estado, Enrique Inzunza Cásarez; Enrique Díaz Vega, secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa de 2021 a 2024; Damaso Castro Saavedra, vicefiscal general de Sinaloa; Marco Antonio Almazán Avilés, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía General de Sinaloa; Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”, exjefe de la policía de investigación de la Fiscalía de Sinaloa; Gerardo Medina Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, quien también pidió licencia de su cargo al mismo tiempo que Rocha Moya, y Juan Valenzuela Millán –“Juanito”–, excomandante de la policía municipal de Culiacán.
Al día siguiente de que se publicó la acusación contra Rocha Moya y los otros nueve sinaloenses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo una defensa férrea de los implicados, hasta acusó de “injerencista” a Estados Unidos y adelantó que seguramente se trata de una maniobra “política”. Dijo que la Fiscalía de Nueva York no presentó pruebas contundentes para extraditar a los inculpados y no siguió los protocolos pertinentes en su demanda. Gobernadores y políticos morenistas de inmediato también manifestaron su apoyo al exgobernador, también emanado de Morena.
Contrariamente, en el caso de Genaro García Luna — exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa — encarcelado y condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos, fue declarado culpable por cinco cargos, entre ellos conspiración para el tráfico de cocaína y participación en una empresa criminal para proteger al Cártel de Sinaloa. El expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena se apresuraron a ensalzar a la justicia norteamericana por el castigo contra el exfuncionario, pero nunca cuestionaron que la culpabilidad contra él se basó únicamente en testigos protegidos. Lo mismo que está ocurriendo con Rubén Rocha Moya, aunque con este último hay hechos en su contra muy concretos que seguramente también tienen las autoridades norteamericanas.
En otro ejemplo, Morena y la presidenta Sheinbaum Pardo no han dejado de condenar a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván –de extracción panista –, por supuestamente permitir el ingreso de agentes norteamericanos en su territorio, descubierto después de un accidente automovilístico en el que fallecieron dos empleados supuestamente de la CIA y otro dos más de México, el 19 de abril pasado. Los morenistas en el Congreso la acusan de antipatriota y quieren un juicio político contra ella. El monero e ideólogo de Morena, El Fisgón, ha insistido en dibujar cartones muy críticos en su periódico La Jornada contra la mandataria estatal, pero de Rubén Rocha Moya no se ha atrevido a trazar una sola línea.
Claudia Sheinbaum y Morena mienten intencionalmente para culpar a la gobernadora panista de Chihuahua, pero saben que desde hace muchos años hay presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano, no oficialmente. Recuerden el caso de Enrique Camarena Salazar, de la DEA, asesinado en 1985 en Guadalajara, Jalisco.
La frase A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas ha estado presente en los gobiernos priistas, panistas y ahora con Morena siguen esa negra tradición. Qué triste para México.
