La Bala Fría
Antonio De Marcelo Esquivel
Ser víctima no es fácil, a menos que se trate de un o una cara dura cuya «concha» sea tan resistente que las críticas le resbalen. Digo lo anterior por la resaca que me dejó el mensaje grabado por el profesor Alberto Israel Jasso Cruz, un hombre acusado de un presunto ataque sexual. Y entrecomillo el «presunto» porque es uno de los principios fundamentales del sistema de justicia penal: la presunción de inocencia. Sin embargo, pareciera que ese principio ha quedado relegado por un discurso oficial que, en los hechos, impulsa creer de entrada a quien denuncia, aun antes de que concluya una investigación.
Y no se trata de exculpar una conducta ilícita ni de sacrificar a alguien. Se trata de todo lo que este caso deja al descubierto: un sistema de justicia profundamente dañado por discursos que parecen privilegiar la condena social antes que el debido proceso.
El caso ha sido ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación, luego de que el profesor Alberto decidiera grabar un mensaje previo a lo que describió como «dejar este plano existencial».
No era cualquier persona. Era un profesionista con décadas de ejercicio magisterial que, según explicó en ese mensaje, enfrentaba una denuncia por abuso sexual presentada por una de sus estudiantes.
Y no es un asunto menor. Según relató, anteriormente algunas alumnas habían bromeado con presentar acusaciones relacionadas con sus calificaciones. A partir de esa experiencia lanzó una advertencia sobre las consecuencias que puede traer un señalamiento de esta naturaleza, cuyas secuelas, en sus palabras, pueden significar la destrucción de una vida.
Alberto Israel puso el dedo en la llaga cuando planteó una pregunta y él mismo la respondió:
«Ustedes se preguntarán: si eres inocente, ¿por qué no te presentas al proceso judicial?»
Su respuesta fue contundente. Afirmó que, frente a denuncias que él consideraba falsas, la presunción de inocencia deja de existir en la práctica y que los hombres enfrentan una situación de desigualdad durante el procedimiento, salvo que sean influyentes, condición que aseguró no era la suya.
Un mexicano más que terminó dudando de la efectividad de un sistema judicial que parece haber olvidado uno de los principios que fortaleció el sistema penal acusatorio implementado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto: la presunción de inocencia, es decir, que toda persona debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Pero en un sistema donde la justicia parece acomodarse al tamaño del poder de quien puede pagar una buena defensa o influir desde alguna oficina pública, pocos encuentran una salida. Él mismo lo resumió al afirmar que, a menos que seas influyente, el camino está prácticamente cerrado.
Por ello decidió ejercer lo que llamó «un acto de rebeldía» frente al sistema de justicia. También habló del temor a enfrentar una prisión preventiva en penales donde, según múltiples testimonios y diagnósticos públicos, el poder real muchas veces no lo ejercen las autoridades, sino grupos que cobran por protección y hasta por sobrevivir.
Y el problema no termina ahí. Incluso llevando el proceso en libertad, el costo económico suele ser devastador. Mantener una defensa legal exige recursos que no todos tienen, mientras el desgaste emocional termina por aislar al acusado de amigos, familiares y compañeros de trabajo, aun cuando eventualmente pudiera ser absuelto.
Pero este suceso no solo desnuda las grietas del sistema de justicia. También toca otra herida abierta en México: la educación. Un tema completamente abandonado, donde desde el discurso oficial se ha insistido en minimizar la importancia de la evaluación y del mérito académico.
En su mensaje, Alberto dirigió unas palabras a sus colegas del magisterio:
«Por favor, no se apeguen a sus estudiantes. No son sus hijos, no son su familia. No creen ningún tipo de lazo. Solo es su trabajo. Alguno o alguna les puede hacer perder todo, hasta la vida.»
No es una reflexión nueva. Son muchos los profesores que viven su vocación con entrega y sacrificio, pero también reconocen que hoy su margen de actuación es cada vez menor. Desde hace tiempo se escucha entre docentes una frase preocupante: «todos pasan», incluso con apenas presentarse a clases. Muchos aseguran que ya ni siquiera pueden llamar la atención a un alumno sin exponerse a que padres de familia conviertan un conflicto escolar en un problema mayor.
Y no se trata de defender aquella vieja idea de que «la letra con sangre entra». Se trata de recordar que la educación comienza en casa y que el respeto hacia quien enseña también forma parte de ella.
Ojalá la decisión de este profesor sirva para mirar con mayor serenidad la realidad que vivimos. No para exculparlo ni para crucificar a la denunciante, sino para preguntarnos si queremos un país donde una acusación baste para dictar una sentencia social antes de que un juez dicte la legal. Porque, cuando la presunción de inocencia deja de ser un principio y se convierte en un estorbo, cualquier ciudadano puede terminar indefenso frente al juicio público.
