Presentó Iniciativa para reformar la Ley de Salud Mental.
La diputada del PRI, Guadalupe Barrón Hernández, propuso cambios a las leyes para garantizar una atención a la salud mental de capitalinos, en la que el eje de atención es el paciente a partir de su consentimiento informado y en apego a sus derechos humanos.
Para lo anterior, la legisladora presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México una Iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud y la Ley de Salud Mental, ambas en el ámbito capitalino.
En su exposición, citó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)señalan que, al mes de septiembre del presente año, 16.3 por ciento de mujeres de 18 o más años, declaró sentirse con depresión, más de la mitad o casi todos los días de la semana, en contraste con 9.1 por ciento de los hombres que reportó esta condición.
De la misma manera, cifras del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” apuntan que más del 50% de los problemas mentales en la edad adulta iniciaron durante las etapas del desarrollo. En ese sentido, los problemas mentales y del comportamiento más comunes que padecen los adultos son: la depresión, la ansiedad y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH).
La diputada del Revolucionario Institucional recordó que el 16 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de Salud Mental y Adicciones. Mencionó que en el nuevo modelo de atención, la salud mental debe tener un carácter prioritario dentro de las políticas de salud del país, así como en cada entidad federativa, pero desde un enfoque de derechos humanos.
En este contexto, señaló que la Ley de Salud y la Ley de Salud Mental del Distrito Federal deben armonizarse con dicho Decreto, a efecto de poner como eje de atención al paciente, a partir de su consentimiento informado y en apego a sus derechos humanos.
En consecuencia, la iniciativa propone asentar que la persona con padecimientos mentales es quien ostenta el derecho a consentir o denegar el permiso para cualquier tratamiento o internamiento, por lo que deberá presumirse que todos los pacientes tienen capacidad de discernir y deberán agotarse los esfuerzos y las vías para permitir que una persona acepte voluntariamente el tratamiento o el internamiento.
También que una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud mental tiene el derecho de aceptarlos o rechazarlos.
El internamiento sólo podrá llevarse a cabo de manera voluntaria y cuando aporte mayores beneficios terapéuticos para la persona que el resto de las intervenciones posibles; se realizará por el tiempo estrictamente necesario en la unidad médica más cercana para dicha atención.
Otra de las reformas propone garantizar el derecho a ser ingresado o egresado de algún centro de internamiento mental siempre y cuando sea por prescripción médica y medie autorización por escrito del paciente o familiar responsable
La Iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.
En la foto: Diputada Guadalupe Barrón Hernández
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