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Denuncia ASE ante Fiscalía Guerrero a edil de Acapulco, Abelina López, por presuntamente negarse a comprobar 898 millones de pesos de recursos federales

La Auditoría en próximos días también se presentará ante el Tribunal de Justicia Administrativo, una vez que quede substanciada la demanda ante la Fiscalía

desdeabajoStaff

CHILPANCINGO, Gro. 03/06/2025.-  La alcaldesa de Acapulco Abelina Lopez Rodríguez, fue denunciada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la Fiscalía General, por “ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte”, esto por presuntamente negarse a comprobar 898.6 millones de pesos de recursos que ejerció su administración en el ejercicio fiscal del 2023.

Fue mediante un escrito presentado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la ASE, César López Velázquez, donde pide formalmente que la Fiscalía inicie una investigación para determinar si se han cometido delitos y, en su caso, tomar las medidas legales pertinentes.

El funcionario de la ASE en próximos días también se presentará ante el Tribunal de Justicia Administrativo, porque aún se están substanciando ante la Fiscalía el procedimiento de demanda.

Según medios de comunicación de circulación nacional, el representante de la ASE acudió a la Fiscalía guerrerense para entregar las pruebas y se adelantó que en los próximos días se presentará una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

En datos preliminares, la Auditoría de Guerrero acusa a la edil morenista de Acapulco por el delito de ejercicio ilícito del servicio público y lo que resulte.

Los 898 millones de pesos que la ASE acusa a López Rodríguez de no solventar pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

La Auditoría estatal le había dado como plazo a la Administración municipal de Acapulco hasta el pasado 27 de mayo para que presentara el informe de la comprobación de los 898 millones de pesos.

Abelina López dijo que al único órgano fiscalizador que le presenta sus informes de comprobación de recursos federales es a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Según la primera edilesa de Acapulco, los 898 millones de pesos son recursos federales que le toca auditar exclusivamente a la ASF y no a la Auditoría estatal.

La morenista, ligada al grupo político del actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, acusó abiertamente al gobierno estatal, también emanado de Morena, de “persecución política y violencia de género”.

Apenas el pasado 1 de junio, López Rodríguez estuvo presente en la ceremonia del Día de la Marina Nacional, – no fue invitada al presídium-  encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la que también acudió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

La alcaldesa acapulqueña había declarado que entregaría un expediente en donde demostraría que era objeto de persecución política y violencia de género de parte del senador Félix Salgado Macedonio y su hija la gobernadora del Estado. Empero, durante el desarrollo de la ceremonia y posterior a ella no entregó documento alguno a la titular del Poder Ejecutivo federal.

De acuerdo con profesionales del Derecho, la decisión de dar parte a la Fiscalía por no presentar datos de auditoría estatal en el gobierno depende de la gravedad de la irregularidad y la legislación aplicable. Generalmente, se da parte cuando la falta de presentación de datos puede constituir un delito o una infracción grave de la ley.

Los abogados entrevistados indicaron que hay factores que determinan la necesidad de dar parte a la fiscalía como es la gravedad de la irregularidad, o sea, la falta de presentación de datos puede ser una simple omisión administrativa o una conducta con intención de ocultar información y causar daño a la Hacienda Pública. Si la omisión es grave y con intención de defraudar, es más probable que se denuncie a la Fiscalía.

La ley puede establecer sanciones penales para la no presentación de datos de auditoría o para la falsificación de documentos. Si los servidores públicos actúan con la intención de ocultar información o defraudar, es más probable que se considere una infracción grave y que se dé parte a la fiscalía.

Si la auditoría estatal revela irregularidades graves, es más probable que se dé parte a la Fiscalía. Para realizar una denuncia se requieren reunir pruebas como es la recopilación de documentación y los elementos que sustenten la denuncia, como informes de auditoría, actas de notificaciones, etcétera.

La denuncia se puede presentar en la fiscalía competente, generalmente la que tenga jurisdicción sobre el territorio donde se cometió la irregularidad.

Una vez denunciados los hechos, la Fiscalía iniciará una investigación para determinar si se han cometido delitos y, en su caso, para tomar las medidas legales correspondientes.

En resumen, la decisión de dar parte a la Fiscalía se basa en la gravedad de la irregularidad, la legislación aplicable, la intención de los infractores y los resultados de la auditoría. Es importante tener en cuenta que, en algunos casos, puede ser suficiente una denuncia administrativa o una sanción disciplinaria.

Sin embargo, en casos graves, se puede dar parte a la fiscalía para que se investigue la posibilidad de que se haya cometido un delito.

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