• En 2022, la SEDENA presionó al organismo para desintegrar esa Dirección Especial, creada por Rosario Piedra
Alejandro Martínez Martínez, abogado y defensor de derechos humanos y ex titular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa, hizo fuertes declaraciones en torno a la Recomendación que emitió la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Rosario Piedra Ibarra, en la que exculpa al Ejército.
La Recomendación No. 208VG/2026, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 2 de julio de 2026, referida a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, “responde a intereses contrarios a las víctimas, carece de rigor técnico y es producto de la simulación de un proceso de investigación, llevado a cabo durante más de cuatro años, con el objetivo de obstaculizar el acceso a la justicia y proteger a servidores públicos imputados de cometer graves violaciones a los derechos humanos”, señaló el abogado Alejandro Martínez, ex titular de la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En la misma Recomendación, se omite informar que, en marzo del año 2022, por instrucciones de Francisco Estrada, Secretario Ejecutivo, y Rosario Piedra, Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, se removió de su cargo al de la voz y se desintegró la Dirección Especial para el caso Ayotzinapa, en respuesta a presiones de Luis Cresencio Sandoval, entonces Secretario de la Defensa Nacional y de diversos actores, dentro y fuera del organismo autónomo, interesados en evitar u obstaculizar la integración de un nuevo expediente de queja, sobre nuevos hechos y elementos respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales. La disolución de la Dirección Especial ocurrió, luego de meses de hostigamiento laboral, el inicio de procesos ante el Órgano Interno de Control, vigilancia y amenazas, conductas instruidas desde la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la CNDH, contra el personal de la referida área especializada. No obstante, la constitución de dicha Dirección había ocurrido apenas el 18 de octubre de 2021, mediante acuerdo signado por la propia Rosario Piedra, detalló Alejandro Martínez.
Un ejemplo de los procesos dilatorios, diseñados para entorpecer una auténtica investigación en materia de derechos humanos, fue que, la simple asignación del número de expediente de queja CNDH/1/2022/505/Q/VG, cuya conclusión se concretó con la emisión de la Recomendación No. 208VG/2026, se prolongó por más de tres meses, añadió.
En el mismo sentido, dijo, mientras funcionó la Dirección Especial para el Caso Ayotzinapa, se estableció una relación de estrecha colaboración y entendimiento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, padres de familia y normalistas rurales, situación que inconformó a Francisco Estrada y Rosario Piedra, lo que precipitó la remoción y posterior renuncia de quien suscribe, afirmó.
Contrario al discurso de supuesta defensa de las Normales Rurales y como parte de la deriva conservadora de la CNDH, en constancias del expediente de queja CNDH/2/2023/14526/Q, en 2023 el Organismo Nacional imputó delitos a las alumnas del Comité Ejecutivo Estudiantil “Vinh Flores” de la Escuela Normal Rural “Gral. Emiliano Zapata”, de Amilcingo, Morelos, y a normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, con motivo del ejercicio de su derecho a la organización estudiantil. Esa Comisión les acusó falsamente del robo de hidrocarburos, secuestro, violencia sexual, lesiones y amenazas, solicitando la intervención de la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Morelos y del entonces Gobernador, Cuauhtémoc Blanco, enfatizó.
Es lamentable que, mientras en el discurso, la CNDH se autoproclama “defensora del pueblo”, en los hechos se empeña, mediante la desinformación y el ocultamiento de hechos, en garantizar la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos y revictimizar a quienes debería proteger, adoptando métodos propios de los regímenes autoritarios, concluyó Alejandro Martínez.
Foto: archivo (Ilustrativa)
