Los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes
No hay economía, ahorro o medida de austeridad, que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente, sentenció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ante el castigo que el actual gobierno está aplicando al sector salud donde ya se carece de medicamentos, médicos, enfermeras, instrumental, camas y hasta sillas.
Afirmó que los Estados deben asignar hasta el máximo de sus capacidades, los recursos necesarios para que los derechos humanos sean vigentes, ya que es una obligación que subsiste aun frente a recortes o ajustes presupuestales y sin menoscabo de las medidas que adopten para propiciar el mejor y más efectivo de los recursos públicos.
«Para esta Comisión Nacional, hay campos en que la asignación de recursos públicos no puede depender solo de cálculos presupuestales o decisiones administrativas de carácter programático, como los servicios de salud pública, donde la falta de recursos económicos, materiales o de personal debidamente calificado implica la diferencia entre la salud o la enfermedad, y en casos urgentes entre la vida o la muerte de las personas», enfatizó.
Luis Raúl González Pérez, titular de la CNDH, destacó que la pobreza, hambre, corrupción y vulneración sistemática de los derechos humanos son obstáculo al desarrollo sostenible y no pueden permitirse si se desea alcanzar un nivel de vida digno para todas las personas, ya que a nivel mundial hay más de 780 millones de personas bajo el umbral de la pobreza, y en México hasta 2016 había 53.4 millones de personas en situación de pobreza y 9 millones más en pobreza extrema, además de que 40.6% de la población presenta al menos tres carencias sociales, siendo la seguridad social la más recurrente, con 80.1%.
Destacó la importancia de incorporar una perspectiva de derechos humanos en la materialización del Plan Nacional de Desarrollo y en la agenda pública de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que “nadie se quede atrás”, y los mexicanos puedan ser y hacer vigentes por igual sus derechos.
González Pérez subrayó que al fomentar derechos como a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; al acceso, disposición y saneamiento del agua; al trabajo decente y al salario digno, se influirá de manera positiva para resolver problemas graves que aquejan al país, como la pobreza, identificada como causa y consecuencia de violaciones a derechos humanos.
Dijo que el incremento al salario mínimo a partir de diciembre pasado resultó significativo, pero que ha sido nuevamente rebasado por la línea de Pobreza Por Ingresos referida por el CONEVAL, y expresó que su progresión requiere mayor compromiso hasta lograr que los conceptos mínimo y digno cumplan a cabalidad el mandato constitucional, con apego a los instrumentos internacionales de los que México es parte y a la legislación en la materia.
En la foto: Clínica del IMSS en Tamaulipas, inundada
Foto: Especial
