El reglamento diseñado para evitar la utilización de fondos comunitarios por gobiernos de la Unión Europea (UE) que no respeten el Estado de derecho.
Esta norma establece la posibilidad de suspender los pagos a los países en los que la vulneración del Estado de derecho compromete la gestión del dinero europeo. La UE garantiza al mismo tiempo que los beneficiarios finales de las ayudas no serán los perjudicados.
“Lo hemos logrado. Ya es ley. Ninguna declaración puede cambiar esto. El régimen de condicionalidad nos permitirá vigilar el uso de fondos de la UE contra los valores de la UE», señaló el co-ponente Petri Sarvamaa (PPE, Finlandia).
“El Parlamento logró incluir los elementos clave en el reglamento, y el texto permanece sin cambios. La Comisión, como guardiana de los Tratados, empezó a aplicarla de manera independiente el 1 de enero de 2021. Es lo que los europeos esperaban», añadió.
“La UE no funciona «a la carta», no se puede conservar los derechos sin respetar los deberes. Es una comunidad basada en valores comunes que los Estados miembros y los ciudadanos deben respetar. El mecanismo que vincula el presupuesto comunitario al respeto del Estado de derecho adoptado es un gran logro del Parlamento», afirmó la co-ponente Eider Gardiazabal (S&D, España).
“El Parlamento consiguió que las sanciones presupuestarias previstas en el reglamento se dirijan a los infractores y no a los perceptores finales de las ayudas. Los estudiantes, los investigadores, las empresas y las ONG no se verán afectados, gracias a la cláusula de salvaguardia que incluimos para protegerlos», concluyó.
¿Cómo funciona?
La Comisión, tras determinar que se ha producido una infracción, propondrá la activación del mecanismo de condicionalidad contra el Gobierno de un Estado miembro, y procederá a suspender o congelar los pagos desde las arcas comunitarias a dicho Gobierno.
El Consejo tendrá entonces un mes para votar sobre las medidas propuestas (tres meses en casos excepcionales), por mayoría cualificada.
Los eurodiputados lograron acortar el plazo que tendrán las instituciones para tomar medidas, una vez identificados los riesgos para el Estado de derecho, hasta un máximo de 7-9 meses (desde los 12-13 meses inicialmente previstos).
La norma es aplicable ante infracciones puntuales o sistémicas
Gracias al Parlamento, el texto no sólo se aplica en caso de mala gestión directa de los fondos derivados de corrupción o fraude. También sirve para hacer frente a infracciones sistémicos de los valores fundamentales, como la democracia o la independencia de la judicatura, cuando esas vulneraciones afecten -o amenacen hacerlo- a la gestión de los fondos europeos.
En las negociaciones, los eurodiputados también consiguieron introducir una disposición específica que clarifica los tipos de vulneraciones cubiertas, mediante un listado de ejemplos, como amenazas a la independencia de los jueces, ausencia de correcciones de decisiones arbitrarias o ilegales, y limitación de la posibilidad de recursos legales.
Protección del beneficiario final
Los receptores de los fondos, como estudiantes, agricultores y ONG, pueden reclamar el pago de las ayudas a través de una web de la Comisión, que se asegurará de que no son castigados por las acciones de sus gobiernos. La Comisión también puede efectuar correcciones financieras reduciendo los pagos pendientes al Estado en cuestión.
Tras la adopción por el Parlamento, el nuevo reglamento se aplica a todos los fondos de la UE bajo gestión compartida desde el 1 de enero de 2021.
El pleno también adoptó una resolución con recomendaciones al Consejo y la Comisión para la aplicación del reglamento.
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