La Comisión preparará un informe sobre la aplicación de las normas antes de la próxima prórroga.
*El régimen vigente se extenderá diez años más.
El Parlamento confirmó el martes el mantenimiento de las restricciones para los buques de la Unión Europea (UE) que faenan en aguas territoriales de otros Estados miembros.
Los países de la UE podrán seguir restringiendo durante diez años más el acceso de los buques pesqueros de otros Estados miembros a sus aguas territoriales nacionales hasta una distancia de 12 millas náuticas desde la costa.
Sólo podrá darse acceso a barcos que ya pescaban en la zona. Esto permitirá disminuir la presión pesquera en zonas concretas y preservar la actividad económica local y a pequeña escala en áreas costeras. En el caso de las regiones ultraperiféricas el acceso restringido puede extenderse hasta 100 millas náuticas desde la costa y sólo para buques registrados en sus puertos.
El Parlamento respaldó el acuerdo alcanzado con el Consejo en septiembre -para reflejar la salida de Reino Unido de la UE y varios acuerdos bilaterales- por 608 votos a favor, 13 en contra y 9 abstenciones, lo que permitirá extender el régimen actual hasta el 1 de enero de 2032 y mantener las medidas de protección en vigor.
Informe antes de la próxima extensión
De acuerdo con el texto acordado, la Comisión preparará un informe para el Parlamento y el Consejo antes del 30 de junio de 2031 sobre la aplicación de estas normas. En caso de que la Comisión decida revisar la Política Pesquera Común, también llevará a cabo una evaluación de impacto en consonancia con los principios de mejora de la legislación de la UE.
Consultas sobre la pesca con contacto de fondo
Por lo que se refiere al uso de aparejos de pesca en contacto con el fondo marino, la Comisión y el Parlamento han tomado nota de los debates en curso en la zona del Canal de la Mancha, donde hay preocupación sobre su impacto. Ambas instituciones han expresado su apoyo a las iniciativas locales y han invitado a los Estados miembros a presentar recomendaciones conjuntas teniendo en cuenta las opiniones locales.
Esto permitirá a la Comisión responder con medidas técnicas que reflejen las evaluaciones científicas -para las que la Comisión aportará financiación- y el impacto socioeconómico de las posibles restricciones.
Próximos pasos
Las normas se aplicarán en toda la UE a partir del 1 de enero de 2023. Tras la votación en el pleno, el acuerdo deberá ser aprobado formalmente por el Consejo y entrará en vigor el séptimo día tras su publicación en el Diario Oficial de la UE.
Foto: Archivo (Ilustrativa)
