La UE debe enviar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses sobre la necesidad de avanzar rápida y claramente hacia la resolución de estos problemas
Ante el deterioro de la democracia en Nicaragua, la Unión Europea (UE) debe imponer sanciones a las autoridades de ese país, y suspender su participación en el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica.
Así lo manifestaron once eurodiputados, encabezados por Ramón Jáuregui (S&D, España), de seis grupos políticos del Parlamento Europeo (PE), en una carta dirigida a la Alta Representante para la política exterior comunitaria, Federica Mogherini, donde denuncian que el Gobierno nicaragüense está bloqueando el proceso de diálogo político y que la represión contra los opositores y la sociedad civil continúa.
Los eurodiputados, que viajaron a Nicaragua en misión oficial el pasado mes de enero, instan a la UE a aprobar sanciones contra miembros del Gobierno de Daniel Ortega y que se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, suspendiendo la participación de Nicaragua en dicho acuerdo.
En la misiva, los europarlamentarios subrayan que, a pesar de sus promesas, el Gobierno nicaragüense no ha cumplido sus compromisos en cuanto a la liberación de presos políticos, y las libertades de expresión, prensa y manifestación siguen sin respetarse. Tampoco se ha dado acceso al país a las organizaciones internacionales y ONG que velan por esos derechos.
«La UE debe enviar un mensaje claro a las autoridades nicaragüenses sobre la necesidad de avanzar rápida y claramente hacia la resolución de estos problemas», señalan los firmantes.
Los eurodiputados consideran que cuando se cumple un año del comienzo de las protestas contra el Gobierno nicaragüense, la comunidad internacional debe incrementar la presión sobre el Ejecutivo de Ortega para que ponga fin a la represión en el país y avance hacia una solución política de manera pacífica y democrática.
Antecedentes
En marzo, el PE adoptó una resolución en la que pedía sanciones contra algunos miembros del Ejecutivo nicaragüense y urgió al Gobierno de Ortega a acabar con la represión a la población; liberar a todos los presos políticos; autorizar el retorno de todas las organizaciones internacionales y ONG al país.
Las protestas pacíficas iniciadas en abril de 2018 contra la reforma del sistema de seguridad social fueron reprimidas con dureza por las autoridades nicaragüenses, a lo que siguió una oleada de medidas de presión contra la oposición y los medios. Según observadores internacionales, cientos de personas han muerto en Nicaragua en el último año, y numerosas figuras de la oposición y periodistas han huido del país, lo mismo que miles de ciudadanos de a pie.
